La Contraloría General de la República mediante Auto No. 1409 del 23 de Agosto de 2017 “Por medio del cual se avoca el conocimiento y se ordena la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal” por las presuntas irregularidades en la remodelación del Estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.

Redacción
Debido a las presuntas irregularidades presentadas en la ejecución de los contratos que tienen por objeto la remodelación del Estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, específicamente la ausencia de reforzamiento estructural de la tribuna existente, la Contraloría General de la República mediante Auto No. 1409 del 23 de Agosto de 2017 “Por medio del cual se avoca el conocimiento y se ordena la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 2017-00998_UCC-PRF-030-2017”, aperturó el proceso de responsabilidad fiscal a diferentes presuntos responsables fiscales.
En mencionado Auto se vincularon todos los integrantes de los consorcios contratistas tanto de obra como de interventoría; a funcionarios de la administración pasada: Pedro Hernán Suarez Trujillo como Alcalde de Neiva durante los años 2012-2015, Carlos Alberto Ramos Parraci como Director de Deportes y Recreación para los años 2012-2015, Carlos Fernando Puentes Ramírez como Jefe de la Oficina de Contratación para los años 2012-2015, Gerardo Alberto González Charry en calidad de supervisor del Contrato de Interventoría hasta el 22 de Febrero de 2016; y a funcionarios de la actual administración: Armando Albarracín Palomino en calidad de supervisor desde el 22 de Febrero de 2016, por el presunto detrimento patrimonillo ocasionado por el no reforzamiento de la tribuna occidental antigua o existente.
En el mismo Auto No. 1409 del 23 de Agosto de 2017, el órgano de control decidió vincular también al Jefe de la Oficina de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias con el fin de determinar si existe alguna responsabilidad fiscal de su parte, por la suscripción del contrato adicional No. 3 del 18 de febrero de 2016, por valor de $7.249.420.973dad, pues según el ente de control dichos recursos debieron haberse invertido en las actividades de reforzamiento.
Al Alcalde de Neiva, Rodrigo Armando Lara Sánchez se le vincula también para definir una presunta responsabilidad fiscal por haberle dado continuidad a la ejecución del Contrato de Obra No. 1758 de 2014 a pesar de que no se habían realizado las actividades de reforzamiento estructural de la tribuna antigua.

Defensa municipal
En este sentido, la Alcaldía de Neiva en un comunicado de prensa señala que en cuanto a los hechos mencionados, es menester recordar a la ciudadanía que la Administración Municipal suscribió el otro sí mencionado, luego que la adición de los recursos fuera debidamente aprobada por los OCAD Regional Centro Sur y OCAD Neiva los días 24 y 30 de diciembre de 2015, respectivamente, conforme a la solicitud técnica que hiciera el anterior alcalde de Neiva.
Es necesario advertir que el Departamento Nacional de Planeación hace parte de dichos órganos colegiados. Así mismo, existía concepto por parte de Coldeportes que avalaba la adición de los recursos con el fin de garantizar la funcionalidad de la obra.
“Pero sobre todo, el contratista interventor (Consorcio Interventora Estadio 2014) encargado de llevar a cabo la vigilancia integral y aprobación de la calidad de las obras, nunca advirtió que no se había realizado el reforzamiento estructural de la tribuna existente, muy por el contrario, manifestó que toda la obra venía cumpliendo los criterios de funcionalidad y calidad exigidos.
En ninguna de las actas de aprobación de los OCAD’s regionales y territoriales que aprobaron los recursos, ni por parte de mismo Departamento Nacional de Planeación o Coldeportes, quienes tampoco se opusieron, se pudo advertir alguna alerta que expusieran la no conveniencia de la adición de los dineros.
En el documento de comunicación de observaciones al convenio interadministrativo 758 de 2013, la misma Contraloría General de la República manifestó:
“Se aprecia en el documento precitado la decisión arbitraria de la firma contratista y la interventoría de no ejecutar las obras de reforzamiento estructural de la gradería antigua de la tribuna occidental aduciendo que dicha actividad sale muy costosa y que por ello es mejor dejarlas como están y hacer un mantenimiento con pintura, hecho que atenta directamente contra la integridad de los eventuales usuarios, pudiendo desencadenar una tragedia en caso de que esta obra fuera a ponerse en uso bajo esas condiciones”.
Afirma el Gobierno local que es necesario advertir que conforme a las normas que regulan los recursos de regalías, el Municipio debía dar cumplimiento a lo aprobado por los OCAD’s y ante la inexistencia de una advertencia técnica por parte de la interventora debía proceder a adicionar los recursos so pena de que se declarara la inviabilidad del proyecto por parte del DNP.
Con ese mismo sentido de cumplimiento de la Ley se vienen adelantando las audiencias para determinar si se debe imponer la declaratoria de caducidad contra el contratista y el interventor, procedimiento que ya había culminado y estaba sólo pendiente de la toma de la decisión.

Impedidos
No obstante, ante la notificación del auto de la Contraloría General y a pesar de que existe absoluta certeza sobre el comportamiento ajustado a derecho por parte de los miembros de la actual administración, tanto el jefe de contratación, Fernando Mauricio Iglesias Gaona, persona delegada para adelantar la audiencia de incumplimiento y el Alcalde de Neiva tomaron la decisión de declararse impedidos para continuar el proceso, mediante documento que fue radicado ante el Procurador Regional del Huila, con el único fin de garantizar que una eventual decisión no se vea jurídicamente afectada por posibles conflictos de interés.
Mediante Auto 023 del 21 de septiembre de 2017, la Procuraduría Regional del Huila aceptó el impedimento, y dio traslado al Gobernador del Departamento del Huila para que designe un Alcalde Ad-Hoc para que decida lo que en derecho corresponda en cuanto al impedimento planteado.
Hasta el momento la Administración Municipal ha acopiado un enorme acervo probatorio que incluye varios estudios técnicos, interrogatorios, así mismo, ha solicitado conceptos a Colombia Compra Eficiente que avalan las actuaciones realizadas y sólo se está a la espera que se nombre a un integrante de la Administración que actúe como Alcalde Ad Hoc para que tome la decisión correspondiente.
Todos los miembros de esta administración están dispuestos a defender el ordenamiento jurídico y los recursos públicos, por lo cual solicitan a las autoridades competentes que se tome con celeridad la decisión correspondiente para darle continuidad al trámite.
El Gobierno Municipal reitera que sus acciones se ha venido adelantando amparados en la buena fe y en el cumplimiento de sus deberes legales, no obstante, enfrentarse a uno de los hechos que más ha conmocionado al país, por la muerte de cuatro obreros, y los millonarios recursos públicos que se encuentran en riesgo, se reitera la voluntad de tomar las decisiones que en derecho correspondan sin mirar que poderosos interés se puedan ver afectados.