Como alarmantes calificó la Procuraduría General las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que señalan que en 2020 se presentaron 26.132 intentos de suicidios y 1.489 suicidios en el primer semestre de 2021, lo que corresponde a un aumento del 32 % comparado con el año anterior. 

“La preocupación que embarga a la Procuraduría General de la Nación es por el número exagerado de suicidios en nuestro país. Casos que nos golpean el corazón y hacen que, como autoridades públicas llamemos la atención y demos las alertas correspondientes. ¿Qué está pasando, qué ocurre con nuestros jóvenes, con nuestros niños, niñas y adolescentes que se están suicidando?”, dijo la Procuradora Margarita Cabello. 

Explicó que las edades con mayor incidencia en suicidio para el año 2020 fueron entre los 15 y los 19 años, con 291 casos, y entre los 20 y los 24 años, con 347. 

“Qué está ocurriendo, donde están los padres, dónde están las familias, dónde están los maestros, dónde está la institucionalidad frente a este grave problema que se ha acrecentado a raíz de la pandemia por el covid-19”.  

Agregó que la salud mental debe ser un tema de interés general, de salud pública, de derechos humanos y de dignidad, e invitó a los actores públicos y privados a comprometerse con la prevención y atención integral. 

«Hoy, es inadmisible, en pleno Siglo XXI, un suicidio, y mucho más si el de un joven. Debemos cerrar filas entre todos, públicos y privados, para proteger a nuestra sociedad de los problemas en salud mental”.

Control a los recursos de salud mental

La Procuradora General anunció que la Entidad realiza un ejercicio de control sobre los recursos destinados a la atención en salud mental ante la importancia de establecer la oportunidad en el pago por parte de las entidades responsables del aseguramiento. 

Para finalizar, la jefe del Ministerio Público aseguró que, en desarrollo de la acción preventiva, «el ente de control evidenció que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en un porcentaje mayor al 50%, no están atendiendo de forma integral y oportuna a los pacientes con necesidades en salud mental, al advertir que los tratamientos integrales contratados representan solo el 5% de los servicios de atención en salud. 

En este sentido, requirió a las EPS revisar las modalidades de contratación a fin de dar prevalencia a aquellas personas que garantizan una atención integral a los pacientes.


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