Alerta Procuraduría: Neiva en alto riesgo que se presenten delitos electorales
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, en el foro de Avances del Proceso Electoral en Neiva, destacó que, a raíz de la tercera Reunión Regional del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral para el departamento de Huila, se ha recategorizado a Neiva con el nivel de atención; es decir, es considerado en ALTO NIVEL DE ATENCIÓN. La jefe del Ministerio Público, además, resaltó que se propuso recategorizar siete municipios más de este departamento, pasando de riesgo bajo a moderado: Agrado, Algeciras, Campoalegre, Garzón, Íquira, La Plata y Pitalito, debido a la incidencia de nueve grupos criminales. La Procuradora insistió en hacer seguimiento y vigilancia al proceso electoral en la región, luego de identificar riesgos de seguridad política: constreñimiento, delitos electorales y violencia contra actores electorales. «En este sentido, estos municipios del departamento del Huila y, en especial, Neiva, merecen especial atención en el desarrollo de las jornadas electorales venideras para, así, garantizar unas elecciones transparentes y libres», añadió.
Contra la trashumancia electoral
En la visita territorial en la ciudad de Neiva, Cabello Blanco recalcó el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público junto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar que los inscritos de manera irregular elijan las autoridades de otros municipios a los que no pertenecen, lo que se conoce como trashumancia electoral. En su intervención hizo un llamado para que las investigaciones que se adelanten en el CNE por presunta trashumancia «se produzcan de manera pronta y oportuna, con el fin de garantizar el debido proceso a los afectados y prevenir problemas de convivencia ciudadana y de orden público».
La Procuradora recordó que se debe tener claro que inscribirse en más de un municipio sin reunir los requisitos de la residencia electoral «es una conducta constitutiva de infracción a la ley penal». También le pidió a la ciudadanía que se «constituyan en veedores permanentes del proceso electoral e informen sobre situaciones que lo pongan en riesgo y junto a la institucionalidad, a proteger los recursos públicos, a fin de que aquellos destinados a programas sociales cumplan su objetivo y no se utilicen de manera indebida».
Finalmente, concluyó que «la facultad de la Procuraduría para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popular, sigue vigente por el bien del país, de la democracia y del derecho de participación ciudadana».
