Los actuales miembros de la mesa de participación, elegidos en 2015 para un periodo de dos años, presentaron los avances, metas y objetivos alcanzados a medios de comunicación y a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Neiva
Los miembros de la Mesa de Participación de Víctimas del departamento del Huila presentaron en Neiva informe de rendición de cuentas sobre la labor de incidencia en la política pública, durante los últimos dos años. La jornada fue acompañada por la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo.
En su primer día de rendición de cuentas, la Mesa contó con la asesoría de los profesionales de participación de la Unidad para las Víctimas, en la elaboración de un documento con los avances en cada enfoque, las dificultades que se presentaron en su gestión y las recomendaciones a sus sucesores.
Los representantes de las víctimas del departamento anexaron los compromisos adquiridos por el Gobernador del Huila, Carlos Julio González, con las victimas del departamento.
El segundo día del evento contó con la participación de la Defensora regional del Pueblo, Constanza Arias, el Procurador Regional, Arlid Mauricio Devia, los profesionales de la Unidad para las Víctimas y los medios de comunicación del Huila, ante quienes la Mesa de Participación expuso el resultado de su gestión del periodo para el cual fueron elegidos.

Entre los logros alcanzados en su gestión por la Mesa Departamental, se enumeraron:
– Elaboración de documento propuesta en encuentro nacional para que en las mesas de participación se tuviera representación del hecho victimizante de minas antipersona con cupos distintos a los de Integridad Física.
– Representantes de la mesa departamental fortalecidos en temas de grupo antifraude por parte de la Unidad para las víctimas.
– Inclusión de 23 familias víctimas del departamento en condición de discapacidad, en un proyecto de cofinanciación entre la Unidad y la Gobernación.
– Creación, socialización y entrega a líderes y lideresas de la ‘Caja de Herramientas para un liderazgo con resultados’, para minimizar el accionar de los intermediarios y tramitadores en los municipios y empoderar más a las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas en la defensa de los derechos de las Víctimas.
– Representación del Departamento en el nivel nacional para realizar propuesta sobre pensiones a adultos mayores víctimas.
– Creación de un Comité de Veeduría intergeneracional de personas mayores y jóvenes, para hacer seguimiento a las propuestas realizadas.
– Fortalecer y empoderar a las mujeres en 25 de los 37 municipios que tiene el Huila, para que las mujeres tuvieran un Plan de Acción.
– Con la Secretaría de Educación Departamental se consiguieron 40 cupos de educación superior.
– Preparación para el Preicfes a las jóvenes víctimas.

Dentro de los retos que le esperan a la nueva Mesa de Participación del Huila se citaron:
– Solicitar la creación de una comisión entre SENA, municipios y mesas municipales para seguimiento a las Unidades Productivas entregadas por proyecto de cofinanciación.
– Tener en cuenta las observaciones realizadas por las mesas de participación para temas de fortalecimiento de unidades productivas.
– Solicitar a la Gobernación del Huila la socialización de la ordenanza 035 de 2013 que trata del restablecimiento del goce efectivo de las víctimas en todas las mesas municipales del departamento.
– Solicitar a la Gobernación del Huila disponer de un presupuesto específico para población víctima y no de manera transversal, tal como lo establece la ordenanza 035 de 2013.
– Priorizar a madres cabezas de familia, mujeres en condición de discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades terminales para ser indemnizadas.
– Velar porque el presupuesto destinado para la Red de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Interno no se utilice para acciones distintas.
Las mesas de participación promueven el derecho a la participación de las víctimas del conflicto armado, ejercen veeduría y control social frente a la ejecución de los recursos y hacen incidencia en la construcción y ejecución de las políticas públicas orientadas al goce efectivo de derechos de las víctimas, en lo pertinente a la asistencia, atención y reparación integral, tal como lo establece la Ley 1448 de 2011.


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