Por Miguel de León*.
Ha sido tan cotidiana la convivencia con el conflicto armado, que muchos colombianos no recordamos en que momento nos dimos cuenta del mismo. Recuerdo por ejemplo, lo común que era ir a las fincas, a los pueblos y que la gente nos dijera que acaban de pasar “los muchachos”, o que ellos estaban cerca. Y yo le preguntaba a mi padre, quienes eran y el me decía, que eran amigos de la gente del lugar, que no había problemas. Sin embargo, con el paso de los años, esta coloquial actitud fue cambiando, al tiempo que el mismo conflicto de degradaba. Y el sencillo “los muchachos”, paso al obscuro título de “los guerreros”. Así le decía a uno los campesinos, “adelante están los guerreros”. Ya no éramos niños, sino adultos y de un momento comenzamos a mirar como el conflicto armado en el país ya no era una oposición de ideas, sino que había mutado a distintos tipos de violencias.

Y de un momento a otro, teníamos un país en conflicto, y esto quería decir, sin duda, un país que olvido escuchar la armonía de una voz plural y abandono la posibilidad de la racionalidad y el consenso dialógico para incurrir en el facilismo deshumanizador de la acción instrumental, individualista, es decir, violenta. Pero lo aterrador era saber que había sectores que ganaban muchos recursos con ese conflicto y azuzaban con dinero a otras personas a mantener viva la guerra. Y ya adultos entendimos que toda guerra tiene una finalidad económica y por ello, el conflicto se extendió como un rizoma a lo largo de la institucionalidad, entre lo social, y convierte a los sujetos en actores polarizados. La violencia comenzó a acompañar el comportamiento violento que cruzaba constantemente las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad. Y Colombia comenzó a desangrarse.

Esta confrontación armada en el país se produjo por la exclusión de la sociedad civil del concierto de lo político, generando así innumerables muertes, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. Como dice, la Comisión de la Verdad, fue una guerra que nos dejo 700.000 muertos, de los cuales solo el 1.5% murió en combate, el resto población civil. De manera que el conflicto gestó un país de exiliados, de desplazados internos, ciudadanos sin tierra, sin voz y sin identidad. Por eso mismo, hablar hoy en día de posacuerdo constituye apenas un escenario para resignificar valores, memorias y relaciones rotas de la histórica oposición violenta. Para que esto ocurra, debe existir un conocimiento de lo sucedido como punto de partida para un proceso de reconciliación, que es un elemento necesario para lograr la paz.

Se consolida, desde la plataforma del perdón, la aceptación de la condición humana de víctimas y victimarios, para poder dar un paso adelante. Y para llegar a ello, necesitamos conocer la verdad de lo que paso. Una verdad que tocará asimilarla con los aún, persistentes ecos de la violencia. Por eso el informe de la Comisión de la Verdad hay que “acatarlo, estudiarlo, difundirlo y, si suscita opiniones diversas y polémicas, promover el debate público; pero sobre todo impulsar desde la perspectiva del trabajo en el poder Legislativo el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones, para eso es que se ha hecho este esfuerzo enorme”, como lo dijo el senador Iván Cepeda. El informe, titulado «Hay futuro si hay verdad», es el fruto de una investigación que empezó en 2018 y para la que se realizaron más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas en Colombia y en otros 23 países.

El trabajo se centró en reconstruir la verdad entendida como como una narrativa colectiva y no como una única versión oficial e incontrovertible. Por eso mucho de las conclusiones, son conocidas, pero igual no aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, como el modelo económico neoliberal (versión Chile de Pinochet) que se implantó durante décadas, sobre todo después de los años 90, fomentó la exclusión y la desigualdad. Pero igual, el modelo de seguridad del Estado, en parte financiado por Estados Unidos e ideado en el marco de la guerra contra las drogas, puso a las Fuerzas Armadas en «modo guerra». Eso impidió abordar el conflicto como un complejo proceso histórico en el que el Estado jugó, también, un rol como victimario. Eso es conocido y denunciado, pero no eramos capaces de abordarlo con un sentido analitico.

Conocer este informe (de 24 tomos y unas 8.000 páginas) y aproximarse a la verdad de lo sucedido, desde un ejercicio de memoria puede cumplir también un rol curativo al confirmar la experiencia de las víctimas, trayendo su voz, sus relatos y significados. Y eso implica reconocer la complejidad del conflicto armado y la responsabilidad colectiva. Superar los lugares comunes y los epítetos de odio. Es desescalar el discurso de los enemigos e identificar la responsabilidad no solo de los grupos al margen de la ley, sino también de las fuerzas armadas y de otros sectores de la sociedad que tienen responsabilidad en todo lo sucedido. Por eso, resulta políticamente incómoda para algunos y de ahí la ausencia del presidente en el evento de entrega del informe.

*Escritor y Columnista


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