«Como un acto de transparencia y seriedad ante el país, me permito citar a un debate frente al servicio de seguridad personal – pagado con recursos del Estado – de que gozamos miles de servidores públicos y particulares», anunció el senador huilense Hernán Andrade Serrano.
Agrega que hace rato es hora de que discutamos qué tan responsable – y necesario – es o no seguir cargándole al presupuesto el servicio de miles de escoltas, carros blindados y motos acompañantes de congresistas, magistrados, procuradores, contralores, ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y toda clase de funcionarios, y muchos particulares.
No es ninguna novedad decir aquí que en Colombia, tener escoltas pasó hace mucho tiempo de ser un requisito de seguridad a un símbolo de estatus, y sinónimo de abuso de una posición de poder. No es secreto decir que muchos personas creen que son importantes solo por el hecho de ir en carro blindado de vidrios oscuros, con motos y escoltas armados.
Y abusando de esa condición de privilegio, se violan las reglas de tránsito olvidando que solo la caravana presidencial – según el Código de Tránsito – tiene autorización para sobrepasar semáforos en rojo o detener el tráfico. Infracciones que también cometen con frecuencia reconocidos empresarios del país.
Se abusa también de las solicitudes para mantener los “esquemas” de seguridad a cargo del presupuesto nacional.
Se abusa de los mismos escoltas ordenándoles tareas domésticas que nada tienen que ver con la seguridad del escoltado.
¿Necesitamos, en estos tiempos, de una caravana de gente armada hasta los dientes, con carros y motos para cada funcionario de alto o mediano nivel, también en muchos casos para sus hijos, padres y cónyuges?
¿Cuánto se gasta, del presupuesto de la Policía Nacional, para labores de escoltas en lugar de destinarlos a seguridad ciudadana? ¿Cuántos soldados en el Ejército Nacional cuidando tenientes, capitanes, mayores, coroneles y generales?
Hay pueblos de Colombia donde el Alcalde tiene más policías escoltándolo que uniformados patrullando las calles.
Mea culpa: ¿cuántos escoltas, carros blindados y motos necesitamos como congresistas? Hagamos la reflexión, es un mensaje de honestidad para todos los colombianos.
¿Cuántos fiscales, jueces, periodistas y defensores de DDHH sí los necesitan pero no los tienen?
¿Cuánto cuesta a la ciudad el aparato de seguridad para los 44 concejales de Bogotá? ¿Acaso no vemos por la calle, en bicicleta o en Transmilenio desde hace varios años al concejal Juan Carlos Flórez, el único que ha rechazado todo ese “esquema” de seguridad? ¿ Y qué le ha pasado, siendo un concejal activo, deliberante y propositivo?
Por supuesto que hay excepciones notables, personas que han sido víctimas de atentados, de alto riesgo evidente, o cuya labor implica enfrentar delincuentes, que sí requieren esa seguridad y quizá más.
El despliegue de escoltas, carros blindados y motos por las calles se ha convertido en un rasgo insólito del país ante cualquier extranjero que nos visita. Hace pocos años, un Embajador nuestro ante un país europeo hizo el ridículo al exigir escoltas y carro blindado. Le contestaron que allá el único que tenía chofer y un escolta era el Presidente.
Pero esta no es una discusión reciente. En 1990, luego de que asesinaron a Galán, Pizarro y Jaramillo, y Pablo Escobar estaba vivo, el encargado de escoltas en el DAS afirmaba que el 70% de la gente a la que le prestaba el servicio, realmente no lo necesitaba.

Este año, estamos gastando en la Unidad Nacional de Protección casi MEDIO BILLÓN DE PESOS para mantener “esquemas” de seguridad a 9.300 personas en todo el país. Y falta el presupuesto que destinan la Policía Nacional y la Fiscalía en el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI.
Hemos encontrado que ni siquiera en México – que tiene niveles de violencia y fenómenos tan o más graves que nosotros por narcotráfico – el uso de escoltas pagados con recursos oficiales es restringido y son muy pocos los funcionarios que gozan de esa prerrogativa.
En Perú han considerado exagerado que haya cerca de 1.000 funcionarios con seguridad personal, y allá ni siquiera la caravana presidencial tiene permiso legal para no respetar los semáforos en rojo.
En Panamá hace dos años hubo gran debate porque se propuso una ley para asignarles escoltas a la esposa e hijos del expresidente Martinelli.
Por las anteriores razones, me permito citar a debate anexando el cuestionario correspondiente a los siguientes ministros:
Señor ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, sírvase responder:
1. ¿Considera su Ministerio que es adecuado y necesario mantener como está el sistema de seguridad y protección personal para funcionarios y particulares, a cargo del presupuesto oficial?
2. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad y protección personal dentro del Ministerio, las FFAA y la Policía Nacional para los respectivos oficiales? ¿Cuántos uniformados – soldados y policías – en todo el país están destinados a esas labores, cuántos vehículos, qué costo global anual (en los últimos 10 años) ha tenido ese sistema de seguridad personal en las Fuerzas Armadas y la Policía?
3. ¿Qué instrucciones o manual de operación tienen los escoltas dentro del Ministerio, las FFAA y la Policía Nacional para respetar las normas de tránsito y no abusar de su posición de poder en las calles y sitios públicos?
4. ¿Quién paga las infracciones de tránsito que se cometen en ejercicio de las labores de protección personal dentro del Ministerio, las FFAA y la Policía Nacional?

Al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos:
1. ¿Considera su Ministerio que es adecuado y necesario mantener como está el sistema de seguridad y protección personal para funcionarios y particulares, a cargo del presupuesto oficial?
2. ¿Cuántas personas en el país están recibiendo protección personal a cargo de recursos oficiales? ¿Cuántos son servidores públicos y cuántos particulares? Si es posible, discriminado por entidades (nacionales, territoriales) y funciones y cargos privados (sindicalistas, periodistas, defensores DDHH, etc)
3. ¿Cuál ha sido el costo anual (en los últimos 10 años) de ese servicio prestado a servidores públicos y particulares (incluyendo todos los costos directos y relacionados)?
4. ¿Cuáles han sido los resultados de esa protección personal en los últimos 10 años? ¿Ha sido efectiva, cuántos hechos criminales se han evitado en contra de los protegidos, año por año?
5. ¿Cuántos escoltas han sido víctimas, asesinados o heridos, prestando servicios de protección a cargo del Estado, en los últimos 20 años? ¿Qué protección del Estado han tenido y tienen esos escoltas y sus familias? ¿Ha perdido demandas administrativas la Nación por esos hechos, cuántas, por qué montos económicos?
6. ¿Cuánto cuesta la protección personal (sumando costos de hombres, vehículos, armas y demás erogaciones relacionadas) de:

Congresistas
Magistrados de las altas cortes (y de tribunales si los hay)
Ministros (y otros funcionarios del Ejecutivo)
Señores expresidentes de la República
Alcaldes
Gobernadores
Diputados
Concejales
Y de las familias de todos ellos
Anualmente (últimos 10 años)?
Discriminado por cada grupo.
7. ¿Cuánto cuesta la protección personal (sumando costos de hombres, vehículos, armas y demás erogaciones relacionadas) de los magistrados de las altas cortes, y si hay de tribunales, y sus familias, anualmente (últimos 10 años)?
8. ¿Cuánto cuesta la protección personal (sumando costos de hombres, vehículos, armas y demás erogaciones relacionadas) de los señores expresidentes de la República y sus familias, anualmente (últimos 10 años)?
9. ¿Qué instrucciones o manual de operación tienen los escoltas del servicio oficial (Unidad Nacional de Protección y otros) para respetar las normas de tránsito y no abusar de su posición de poder en las calles y sitios públicos?
10. ¿Cómo está discriminado el servicio que presta la Unidad Nacional de Protección, entre agentes del Estado y contratistas privados? ¿Cómo opera la selección de esos privados? ¿Cuánto se invierte en esos programas de protección operados por privados? ¿Cuántas empresas han sido contratistas, últimos 10 años y por cuáles montos económicos?
Señor Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Alfonso Mayorga:
1. Cómo opera el servicio de seguridad personal privada (escoltas) en el país?
2. ¿Cuántas personas jurídicas prestan ese servicio en el país?
3. ¿Cuántos personas (escoltas) prestan esos servicios privados en Colombia?
4. ¿Cuál es el marco que los regula, cómo se supervisan?
5. ¿Qué instrucciones o reglas tienen los escoltas privados, y sus empresas, para respetar las normas de tránsito y no abusar de su posición de poder en las calles y sitios públicos? ¿La Superintendencia ha abierto investigaciones y ha proferido sanciones por abusos en ese servicio?
6. ¿Tiene la Superintendencia algún estudio o análisis respecto de qué magnitud es ese mercado de seguridad privada, tanto el de escoltas como el de vigilancia en general?
Solicito a la Secretaría de la Comisión, oficiar al señor presidente del Concejo de Bogotá y al Secretario de Hacienda Distrital para que nos informen por favor:
1. ¿Cuál es el costo anual del servicio de protección personal (sumando costos de escoltas, vehículos, armas y demás erogaciones relacionadas) que se presta a los concejales de la ciudad? ¿Cuál el costo por el mismo servicio a los funcionarios del Distrito (Alcalde y otros)? Últimos 10 años
2. ¿Cuántos escoltas y vehículos están destinados para seguridad de los concejales, y cuántos para funcionarios del Distrito?

Invítese a la sesión a:
Señor Director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto
Señor Director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Diego Fernando Mora
Señor ex Alcalde de Bogotá, Antanas Mockus
Señor Daniel Mejía, secretario de Seguridad del Distrito
Señor Hugo Acero Velásquez, experto en seguridad

Presentada por
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
Senador Partido Conservador

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