Por Miguel de León. Según las Naciones Unidas, “la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica”. Por eso mismo, es un bien público y un deber del Estado, lo que implica “la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”. Por ello, el concepto elemental del Gobierno de creer que la seguridad como defensa del orden y la ley, es tergiversar su esencia.    

La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia n aire fresco, mucho más cercano, cotidiano y digerible. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, lo sucedido en Cali en el marco del paro nacional;  policías encabezando una marcha a favor de la Policía en la comuna 22 el pasado 8 de mayo. Policías tomando partido cuando el país más necesita ecuanimidad institucional. Posteriormente el 9 de mayo civiles disparan a la Minga Indígena enfrente de policías sin que estos últimos hagan nada al respecto. Y ahora montaron un atentado con fines electorales. 

Y no es solo una percepción de los colombianos, de los ciudadanos de a pie; tres reportes de organismos internacionales, entre ellos, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) sobre el paro nacional iniciado el 28 de abril de este año, acusaron al gobierno de permitir la violencia policial en las protestas: A pesar de obvias diferencias por tratarse de distintos hechos, estos dos informes no sólo coinciden en lo esencial, sino que reiteran lo que ya había sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de julio de este año sobre el paro nacional. Los tres informes condenan, la brutal y desproporcionada represión por la fuerza pública, que se tradujo en al menos 11 muertes ocasionadas por la Policía en Bogotá en septiembre de 2020 y 28 más durante el estallido social, además de una decena más de muertes causadas por actores no estatales.   

Esto, sin contar los centenares de heridos por excesos en la fuerza policial, las decenas de casos de violencia sexual y desaparición forzada, y los miles de detenidos arbitrariamente por el abuso de la figura de “traslado por protección”. De forma, muy peligrosa, el Gobierno considera que la perturbación de la normalidad es una amenaza para la seguridad y así justifica la violencia. Pero tampoco entiende, que los colombianos apoyamos a la Fuerza Pública, pero no de manera ciega. Y justamente porque las apoyamos exigimos transparencia, rendición de cuentas y no ser tolerantes con las conductas arbitrarias. Esto no quiere decir que el vandalismo, la infiltración de los grupos al margen de la ley y la destrucción de bienes públicos no deba sancionarse. Por el contrario: debe hacerse porque lo ordenan la Constitución y la ley.   

El Gobierno ha propiciado que la ciudadanía quede dividida entre ‘personas de bien’ y personas cuya vida no merece ser protegida. Y lo hace como estrategia maquiavélica del “divide y vencerás”, llevando al país a lo que ellos mismos llaman, “la polarización”. Para nada, se toma en cuenta la lógica institucional; cuando a un problema social se le da una solución y un tratamiento de guerra, el único desenlace probable es el escalamiento de la confrontación. Y uno cree que esto se hace a propósito; Gobierno Duque presentó y logró hacer aprobar, en un mes y sin debate democrático, una siniestra Ley de Seguridad Ciudadana.  

“Esta ley aumenta muchas penas, como si eso sirviera a la seguridad, cuando la evidencia muestra que es la eficacia investigativa la que disuade del crimen y no tanto el quantum puntivo. Esto ya es un desatino, pero hay cosas más graves: esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes. Y amplía la llamada “legítima defensa privilegiada”, que presume que hubo legítima defensa cuando alguien repele con violencia a quien invade su habitación o dependencias inmediatas y que ahora se aplicará en otros casos, como vehículos ocupados. Esto estimula la violencia privada contra manifestantes”, como bien lo dice Rodrigo Uprimny.  

Para terminar, es posible concluir que la Ley de Seguridad Ciudadana no busca disminuir los niveles de inseguridad en Colombia, pues no ataca las causas de esa inseguridad, como lo son los mercados negros de elementos hurtados, la falta de función social en las cárceles, por medio del INPEC, la falta de oportunidades laborales para jóvenes, las indignas condiciones laborales del grueso social, ni al modelo cultural y económico que premia a quien hurta, mata o traquetea para obtener dinero. En ese sentido, es claro que a pesar de que esta Ley se aprobó en tiempo récord, ante la solicitud de un gobierno uribista que agoniza y busca ocultar sus fines económicos y políticos bajo las banderas de la seguridad ciudadana, diferentes sectores sociales, de Derechos Humanos y ciudadanías en pro de la vida y la libertad se opondrán a ella, mediante los mecanismos democráticos necesarios, como lo son las demandas por inconstitucionalidad y la inagotable movilización social.  Así que en el 2022, el personaje que nos atormentará será el mismo del 2021; la seguridad ciudadana. 


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