En Huila, 689 víctimas recibieron indemnizaciones por un valor total de $4.716 millones. La territorial entregó cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en jornadas realizadas en Neiva y Pitalito, respectivamente.

Neiva
En las instalaciones de la Asamblea Departamental del Huila, en Neiva, la Unidad para las Víctimas entregó 444 indemnizaciones a igual cantidad de sobrevivientes del conflicto armado, afectados por homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y lesiones personales.
Los beneficiados son víctimas provenientes de los municipios de Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Elías, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Pital, Rivera, Santa María, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja, Yaguará.
Por otra parte, en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Pitalito, 245 víctimas recibieron su indemnización por la misma clase de hechos. Los asistentes provenían de los municipios de Pitalito, Timaná, Suaza, Saladoblanco, San Agustín, Palestina, Oporapa, Isnos, Guadalupe, Altamira y Acevedo.
De manera adicional, otras 43 cartas de indemnización fueron entregadas por concepto de reprogramaciones, por valor de 226 millones, a víctimas de los municipios de Pitalito, Saladoblanco, Acevedo, Garzón, La Argentina y Neiva.
Las reprogramaciones, como su nombre lo indica, son un mecanismo para fijar una nueva fecha de entrega de los recursos de indemnización por vía administrativa, cuando la víctima no pudo realizar el cobro de los mismos dentro del plazo determinado.
En las dos jornadas funcionarios de la Unidad socializaron la estrategia antifraude llamada “Ojo con el fraude”, mediante la cual se alerta a los sobrevivientes del conflicto para que conozcan las acciones en las que pueden ser víctimas de tramitadores o abogados inescrupulosos, y así, no se dejen engañar.
Sobre ese tema se recordó a las víctimas que recurrieron a los servicios de un abogado, tener en cuenta lo preceptuado en el Parágrafo 1 del Artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, cuyo texto es el siguiente:
“Cuando las víctimas voluntariamente decidan interponer recursos de tutela para obtener una reparación o indemnización por el daño sufrido, los apoderados o abogados que las representen no podrán, en ningún caso, recibir, pactar o acordar honorarios que superen los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”.
Durante los seis años de implementación de la Ley de Víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha entregado indemnizaciones económicas a más de 700.000 sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, como parte de su reparación integral.
La reparación integral incluye cinco medidas: indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución (tierras, vivienda, educación, generación de ingresos, etc.) y garantías de no repetición.