Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, se deben crear programas para que los campesinos productores no tengan la necesidad de recurrir a los grandes productores para conseguir apoyo del Estado.

La concentración de la tierra en Colombia es uno de los elementos críticos generadores de violencia. Ante esta difícil situación,es preocupante el desconocimiento del Estado frente a cuánta tierra tiene disponible, según estudios del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria.
Rocío del Pilar Peña, profesora de la Universidad del Rosario e investigadora del Observatorio, afirmó que “el Estado no sabe cuántos baldíos tiene, dónde los tiene, cuántos son reserva forestal, cuántos reserva minera, cuántos ya no son baldíos, cuántos están ocupados por personas que en la década de los 70 se fueron a los llanos orientales con la promesa que hicieran linderos y luego se les titulaba, pero que en este momento les dicen que no les van a titular porque tiene más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF)”.
La UAF es una medida económica traducida en las hectáreas necesarias para que una familia rural tenga los ingresos necesarios para obtener vida digna y sostenibilidad de su actividad productiva.
Para la investigadora, la restitución está relacionada con la democracia, la paz y la reconciliación. Pero, por otra parte, la alta inequidad rural y la débil capacidad regulatoria del Estado han sido identificadas como potenciales factores de violencia. El principal problema es el de un Estado débil, entendido como instituciones débiles no solo Nación, Presidente y Congreso, sino autoridades locales como alcaldías, secretarías de hacienda, notarías, etc.
“Esta es una de las grandes apuestas: ¿qué se debe hacer para que el Estado sea fuerte en lo nacional y en lo local?”, enfatiza la docente.

Política pública para el campesino productor
El Gobierno y la guerrilla de las Farc se encuentran en la recta final de las negociaciones del proceso de paz, donde en primera instancia se diseñó un acuerdo preliminar sobre asuntos agrarios como prerrequisito para lograr una paz sostenible. Sin embargo, afirma la profesora de la Universidad del Rosario, ni el acuerdo preliminar entre las partes, ni la política de restitución han sido claramente definidos, y tienen múltiples vacíos y problemas que requieren de mayor clarificación.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) evidencia la voluntad de incidir en temas de desarrollo rural e indica que habrá una autoridad que solo se dedique a la tierra (decreto 2363 de 2015), a recuperar y distribuir baldíos, además de traer dos elementos fundamentales: catastro multipropósito, cuya función primaria es mostrar la realidad sobre la propiedad en el campo y llevar al pago justo del predial; y los programas de formalización de la propiedad privada.
Sin embargo, indica la investigadora de la Universidad del Rosario, “no existe política pública para el agro destinada al campesino productor, existe política para los agroindustriales, para el que haga empresa, comopor ejemplo la reciente ley de ZIDRES”.
Agregó que “se deben crear programas para que los campesinos productores no tengan la necesidad de recurrir a los grandes productores para conseguir apoyo del Estado. Según los estudios realizados, se ha encontrado que en las asociaciones agroindustriales donde el Estado interviene, la diferencia entre grandes y pequeños es menor”.
Para Rocío Peña, hay que hacer una reforma agraria, pero para que sea exitosa, hay que mirar y comparar las que se han hecho y determinar cuáles son los elementos que las hacen efectivas. Combatir la corrupción requiere de procedimientos claros que sean de fácil acceso y conocimiento de toda la ciudadanía, garantizando un mayor control social y transparencia.
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