Sólo el 5.6% de los contratos se hacen bajo la modalidad de “licitaciones públicas”, de ahí el llamado a privilegiar la transparencia y la multiplicidad de oferentes.

Redacción
Un vehemente llamado hizo la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez a gobernadores y alcaldes del país, para que den estricto cumplimiento a los principios rectores de la contratación pública en Colombia. En una carta firmada, junto con la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, los exhorta a revisar los contratos en curso y los que se suscribirán, para corroborar que se ajusten a lo que ordena la ley.
“En el Gobierno Nacional estamos convencidos y comprometidos con la transparencia, integridad y legalidad en la gestión pública y, en especial, en la contratación pública que es el instrumento jurídico idóneo para cumplir con los fines del Estado y prestar los servicios necesarios para el bienestar de la población”, señala la misiva.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los registros de Colombia Compra Eficiente, tan sólo el 5,6% de los contratos que se firman en el país, corresponden a licitación pública. “Al hacer uso de los bienes de todos los colombianos, se debe emplear un mayor cuidado, y la aplicación de los principios como la transparencia y la selección objetiva son fundamentales, pues sin el cumplimiento de éstos, se desperdician recursos, se reduce la eficiencia, se pierde la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos”, puntualiza el documento.
En total, este año, se destinaron $120 billones para contratación pública. “42 billones se comprometieron a través del proceso catalogado como “Régimen Especial”, $21 billones de pesos se ejecutaron mediante el proceso de “Contratación Directa” y 1.8 billones de pesos, se comprometieron por medio de “Contratos y Convenios Entre Dos o Más Partes”, especifica la carta. Estas tres modalidades concentran el 54,9% de los procesos.
Ante este panorama, piden “dar aplicación inflexible a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como en la Ley 610 del 2000, referentes a la igualdad, legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, de imperativo cumplimiento tanto por los servidores públicos como por aquellas personas de derecho privado que manejan, administran o invierten recursos públicos y, velar por que las personas con quienes contratan, cualquiera sea la modalidad, cumplan con los mismos”.
Así mismo, instan a “cumplir, sin excepción, la Ley 2022 de 2020 por la cual se adoptan los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de la contratación estatal”, y, adelantar acciones concretas y determinantes que permitan prevenir la corrupción y garantizar la transparencia y selección objetiva en la ejecución presupuestal, especialmente en los procesos de contratación directa.
En la carta se hace explícita la necesidad de trabajar en red para derrotar la corrupción. “Los entes departamentales y territoriales son aliados imprescindibles en la lucha contra la corrupción; exigiéndose una corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad, con el fin de tener entidades más eficientes y ciudadanos que confíen en nuestra labor, hacemos un llamado muy respetuoso para que promueva cada vez más el fortalecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana, en lo relacionado con posibles hechos de corrupción y se consolide la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción –RITA”, resalta la misiva.

Otro llamado
Así mismo, en carta enviada en el mes de noviembre, a Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Gobernadores y Alcaldes de capitales de departamento, la Vicepresidente pidió mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los proyectos de inversión estatal, con el fin de contribuir a la reactivación económica de este sector, garantizar la pluralidad de oferentes y evitar el direccionamiento de los contratos.
En la comunicación, se advierte que “como funcionarios públicos estamos en el deber de dar aplicación estricta a las normas de contratación pública Ley 80 de 1993, incluso cuando se firman contratos interadministrativos aplicando el régimen de contratación privada, cuidando no confiar el proceso a figuras que podríamos catalogar coloquialmente como ‘contrataderos’ bajo los cuales equivocadamente se tiene la creencia que no están obligados a cumplir”.


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