Expresan la necesidad de la atención real de las víctimas a través de servicios de consultas psicológicas garantizadas por los sistemas de la salud.

Redacción
El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, participó de la Comisión de Víctimas del Congreso de la República. Y junto al gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez; el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y el alcalde de Cartago, Valle, Carlos Andrés Londoño, habló sobre el papel que juegan las entidades territoriales para continuar la tarea del posconflicto.
El Mandatario, quien llegó hasta el Congreso de la República acompañado de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, dijo que con pocos recursos se ha logrado trabajar y unir esfuerzos en favor de las personas afectadas por el conflicto armado.
“Aquí hay un tema primordial y es decisión política: quienes tuvimos el honor de hacer leyes sabemos que son letra muerta sino existe la voluntad y la decisión emocional y argumentativa para llevarla a la realidad”, expresó el Mandatario, quien concluyó que la aplicación de la ley (en este caso la Ley de Víctimas) atraviesa por la voluntad, la decisión y la capacidad de articulación y compromiso general entre las partes.
El trabajo en favor de las víctimas del conflicto, ejercido por la Gobernación del Huila, ha sido destacado permanentemente.
En marzo pasado, y con una calificación casi perfecta, el Huila fue reconocido por el Gobierno Nacional como una de las regiones donde más se gestiona y se cumple de manera eficiente la política pública para las víctimas del conflicto armado.
En efecto, el porcentaje de desempeño de la estrategia que brinda apoyo a las más de 190.000 víctimas registradas en el departamento llegó a 98.8 puntos, lo que lo ubica en un nivel catalogado como Alto.

Urgen más servicios
Desde su conocimiento, el gobernador González Villa expresó la necesidad de la atención real de las víctimas a través de servicios de consultas psicológicas garantizadas por los sistemas de la salud.
Habló, además, de la urgencia que tienen las instituciones educativas del país a la hora de atender a los menores de 18 años que han sido testigos directos de la violencia.
“Hay una necesidad de pagar psico-orientadores en las instituciones educativas colombianas. No se puede seguir manejando la perversa cifra de 900 niños por un psico-orientador. Eso no es lógico, esa no es una relación matemática porque estamos hablando de una relación humana. La educación y las bases de un niño se imparten desde la casa y el colegio”, refirió.
González Villa también expresó que es clave la articulación de todos los servicios que ofrece la institucionalidad del país para atender a los diferentes afectados.
“Hay una peligrosa ruptura entre EPS, IPS, el sistema público, el sistema privado, que está trayendo como consecuencia un despilfarro enorme de recursos en el país. Reitero: el problema de la salud no es económico. Si nosotros redujéramos la intermediación del sistema de salud (12 billones de pesos) y las EPS entendieran que no es un problema de oferta y demanda, y esos recursos se utilizaran para salud mental, la situación sería distinta”, subrayó.
Hoy, según el mandatario, no se han creado en la mayoría de departamentos del país redes de salud mental.
Durante su intervención, donde el senador Juan Manuel Galán (quien lideró el conversatorio dentro de la Comisión), exaltó el papel de González Villa a la hora de tender puentes entre la Gobernación del Huila y la Mesa Departamental de Víctimas.
Además, el mandatario destacó que durante su gobierno 600 familias que han sobrevivido al conflicto armado recibieron igual número de unidades productivas que les permitirán generar ingresos económicos. La inversión superó los 3.400 millones de pesos.