Los generales (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y William Fernando Pérez Laiseca, así como los otros siete oficiales, son comparecientes forzosos ante la JEP. Las diligencias se llevarán a cabo entre el 12 octubre y 17 de noviembre.

Redacción
La JEP llamó a versión voluntaria a tres Generales retirados del Ejército Nacional: Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo y William Fernando Pérez Laiseca, además de seis coroneles y un mayor, para que aporten verdad plena sobre los crímenes investigados en el marco del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
La decisión se adoptó luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó las versiones entregadas por 81 integrantes de la IX Brigada del Ejército a la JEP con la información recolectada en diversas inspecciones judiciales, documentos militares e informes entregados por víctimas y sus organizaciones.
Otros oficiales citados por la JEP son los coroneles Pedro Iván Molina Hidalgo, Oswaldo Peña Bermeo, Luis Armando Gómez Ruge, Hernando Chávez Muñoz, Rubiel Enrique Pérez Rodríguez, Ariel Gustavo Vargas Solano y el mayor Alexander Céspedes Ortiz. Se trata de los oficiales de operaciones e inteligencia de la IX Brigada, con sede en Neiva, entre los años 2005 y 2009.
De acuerdo con los datos recolectados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los tres Generales se desempeñaron como Comandantes de la IX Brigada y tuvieron a su cargo a los otros siete oficiales convocados. Pérez Guarnizo, de 2004 a 2006; Lasprilla Villamizar, del 13 de julio de 2006 al 10 de diciembre de 2007; y Pérez Laiseca, del 14 de diciembre de 2007 a 29 de enero de 2008. Para llamarlos a versión, la Sala tuvo en cuenta el Informe No. 5 ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, entregado por la Fiscalía General de la Nación, en el que menciona hechos presuntamente cometidos por integrantes de los Batallones de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ y 27 ‘Magdalena’, ambos adscritos a la IX Brigada del Ejército Nacional, así como informes de organizaciones sociales sobre ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Huila. También, la Sala examinó la información suministrada en versiones voluntarias por Comandantes de Batallón, oficiales de inteligencia, operaciones y otros comparecientes que integraron ambas unidades militares.
Los tres Generales retirados, los seis Coroneles y el Mayor deberán aportar verdad plena dentro del Subcaso Huila, que conforma una de las seis (6) zonas priorizadas, de acuerdo con el alto número de hechos victimizantes, por los magistrados en la primera fase de la investigación del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’. Las diligencias judiciales, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la JEP, se desarrollarán entre el 12 de octubre y el 17 de noviembre de 2021.
La JEP ejerce competencia prevalente para conocer de las conductas presuntamente cometidas por los agentes de Estado miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado.
En el Subcaso Huila han comparecido los generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, once (11) Coroneles, así como un número importante de otros oficiales, suboficiales y soldados.
“Aquellos miembros de la Fuerza Pública respecto de quienes la Sala haya recibido información en torno a su posible involucramiento en crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado no internacional y no hayan comparecido a la JEP a suscribir acta de compromiso pueden ser llamados a comparecer para contribuir, entre otros, al esclarecimiento de la verdad plena y exhaustiva de lo sucedido y la garantía de los derechos de las víctimas”, advierten los magistrados en los autos que convocan a las versiones.
Además de contribuir a la búsqueda de la verdad plena y detallada en favor de los derechos de las víctimas lo que permitirá profundizar en la contrastación de las versiones y la comprobación de las hipótesis investigativas dentro del Subcaso Huila, el llamado a versión voluntaria constituye una garantía de los derechos fundamentales al buen nombre y al debido proceso de quienes han sido comprometidos en informes o en versiones recibidas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’.


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