La Comisión Primera de Senado fue el escenario donde representantes de entidades estatales, organizaciones de mujeres y congresistas participaron en el foro convocado por la senadora Claudia López para compartir propuestas que prevengan, controlen y sancionen los casos de violencia contra la mujer en Colombia.
Como gran problemática la senadora citante mencionó: “los 50 municipios más afectados por violencia contra la mujer, son los municipios que más necesitan del Estado; de estos, en el 96 % no hay ni siquiera Casa de la Justicia o Comisaría de Familia; mucho menos Fiscalía ni Medicina Legal. De manera que es esa ausencia y precariedad estatal sobre todo en los territorios rurales es lo que está permitiendo que se hagan inaplicables las leyes que ha producido el Congreso”.
Frente a sus propuestas, expresó que es necesario que el Ministerio de Justicia se haga cargo de las Comisarías de Familia, que se implementen brigadas móviles de justicia especialmente para las zonas rurales y que tanto la Procuraduría como los partidos políticos sancionen a los funcionarios públicos que no atiendan y en cambio, ataquen a la mujer.
El evento contó con 3 páneles de discusión donde se habló de violencia institucional, barreras de acceso al sistema de salud y la desigualdad económica por razones de género. Aquí un resumen de cada uno:

Panel 1: la violencia institucional
Este panel contó con la participación de Adriana Londoño (Corporación Humanas), Jineth Bedoya (periodista y víctima), Danny María Ramírez Torres (Mesa de Seguimiento 1257) y la representante Ángela María Robledo. Aquí se realizó un panorama de cómo sigue incrementando la violencia contra la mujer pese a las campañas que se realizan, a la divulgación en redes sociales y a las normas existentes.
“La idea de este espacio es transitar por las propuestas que hemos construido para solucionar este problema, y aunque no quiero centrarme en los resultados de algunos estudios que realizamos junto a Naciones Unidas, debo resaltar que los estudios arrojan preocupantes resultados en temas como violencia, abandono e intolerancia institucional por parte del Estado, razón por la que partimos de estos problemas para dar soluciones a asuntos como el seguimiento, acompañamiento y estructuración de las medidas de protección de las víctimas”, señaló Adriana Leño.
Por su parte, la periodista Jineth Bedoya resaltó que hay una lamentable apatía por parte del Estado, los hombres y las instituciones con los casos de violencia de género. “Sigo sintiendo la ausencia de los hombres, necesitamos que ellos se acerquen y se involucren, especialmente porque la mayoría de las decisiones de carácter institucional dependen de funcionarios varones. Mi propuesta es ponerles nombre y rostro a todos esos victimarios que hoy tienen desbordadas las cifras de violencia contra la mujer de la mano de la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Enrique Nieto, a las Fuerzas Militares de Colombia, etc. Para que visibilicemos, prevengamos y castiguemos cualquier tipo de agresión contra la mujer”.
Danny Ramírez secretaria de la Mesa de Seguimiento de la Ley 1257, le hizo un llamado al Congreso para que se involucre más. “Desde la mesa le hacemos un llamado a todos los Congresistas para que se comprometan a realizar debates de control político que permitan hacerle un seguimiento a la implementación de leyes que protejan a las mujeres. Sabemos que esto no sería una total solución al problema, pero sí es un avance para eliminar problemas como los estereotipos de género”, puntualizó.
A modo de respuesta a la Secretaría técnica de la Mesa de Seguimiento, la representante a la Cámara Ángela María Robledo inició su intervención en el foro recalcando que en la Comisión VII de Senado sí se han realizado debates sobre la impunidad y los mecanismos de denuncia contra la violencia de género, sin embargo señaló que estos no han trascendido a la Plenaria. “La tarea es enorme, tenemos que lograr extender estos debates a mayores instancias. Hay mucho trabajo por desarrollar en cuanto a instituciones de justicia, inversión de presupuesto, test de riesgo de Medicina Legal, reforma en las Comisarías de familia, etc. Las mujeres no abandonaron el Sistema de Justicia, es que nunca encontraron un sistema garante que las protegiera. Los que estamos comprometidos no queremos ser invitados de piedra, queremos que las ideas que proponen las organizaciones se tengan en cuenta y ojalá se apliquen”, concluyó la Representante de la Alianza Verde.

Panel 2: barreras de acceso al sistema de salud de las mujeres
En este segmento se habló sobre los problemas que atraviesa una mujer víctima de violencia sexual por la falta de capacitación de médicos y enfermeras, así como la precariedad de equipos básicos de certificación de violencia para estos casos, la falta de atención de urgencias en salud mental para mujeres maltratadas y un sistema insuficiente que no brinda medidas de protección y atención para las mujeres vulnerables.
En su intervención, Linda Cabrera, miembro de Sisma Mujer propuso que el Ministerio de Salud debería incluir en su estrategia la priorización de las víctimas en las rutas y planes integrales de atención en salud. Asimismo, denunció el incumplimiento de las medidas de atención (que incluyen alojamiento, hospedaje y alimentación para mujeres víctimas de violencia) y la ineficacia de Medicina Legal en la medición de los feminicidios.
Por su parte Mariana Ardila, en representación de la organización Womens Link, se refirió a la importancia del sector de la salud en lo relacionado con violencia contra la mujer y lo abordó desde varias perspectivas. De acuerdo con ella, es importante que se utilice con rigurosidad el protocolo obligatorio establecido en 2015 para víctimas de violencia sexual, a la vez que es necesario que se cumpla la Ley 1719, que estipula que las víctimas deben ser atendidas de manera inmediata. Igualmente, destacó la falta de movilidad y disponibilidad de los servicios: “según un estudio de Médicos sin Fronteras, solo el 17% de los encuestados puede llegar a un servicio de salud en un periodo de una hora a pie o a través de algún medio de transporte, y muchas veces los centros de atención no tienen las capacidades requeridas”, indicó.
María Paulina Riveros, vicefiscal general, dividió su intervención en tres fenómenos que considera que es necesario evaluar: primero, la violencia sexual como uno de los fenómenos más preocupantes de criminalidad. Segundo, la violencia intrafamiliar, que según ella “sufrió un aumento de más de 20.000 casos entre 2014 y 2015, lo que demuestra que hubo un incremento en la conducta delictiva o en el número de denuncias. Y, por último, el feminicidio que tiene un problema en su calificación ya que se está adecuando por otros delitos como tentativa de homicidio, a lo que indicó: “los funcionarios deben ser conscientes de que la violencia contra las mujeres constituye un hecho punible reprochable hacia la sociedad”, señaló.
El director de Medicina Legal Carlos Valdés, en su intervención señaló que hay un rol importante que falta potencializar es la educación en el manejo de la violencia contra la mujer. “La mayoría de niñas maltratadas y abusadas están en los colegios. Los médicos muchas veces no saben valorar, hacen malos diagnósticos que después toca desvirtuar. Estamos haciendo las cosas de manera improvisada que estamos dejando por fuera el sector de la educación, que incluye médicos y personal de enfermería. Adicionalmente, más allá de los números, ha aumentado en severidad en todo tipo de población y esto lo que implica riesgo de muerte”, señaló.
Este panel fue concluido por la senadora Claudia López, quien dijo que antes que articular a todas las entidades estatales y que hacer grandes inversiones en infraestructura, la prioridad debe ser movilizar al Estado, llevarlo a todo el territorio nacional para que cubra los casos de violencia contra la mujer desde el enfoque de la salud.

Panel 3: la desigualdad económica por razones de género
En este último espacio se destacó que el desempleo de las mujeres es 4.9 puntos porcentuales superior a la de los hombres con un incremento para las mujeres rurales (5.9 puntos porcentuales). Adicional a ello persiste un panorama con las mujeres ganan en promedio 20.2% menos que los hombres. En el panel participaron Ana Isabel Arenas, Visitación Asprilla (Directora de la Mujer Rural), Sonia Tellez (Procuradora Delegada Infancia y la Adolescencia), Alejandra Coll (Ruta Pacífica de Mujeres), Gloria Cuartas (Equidad de Género del Ministerio de Trabajo) y la representante Olga Lucía Velásquez.
Respecto al tipo de violencia económica, salarial y financiera, Ana Isabel Arenas mencionó que esta se presenta en escenarios tan comunes como el hogar o el lugar de trabajo. “La violencia económica se evidencia cuando una mujer recibe un determinado ingreso por sus actividades laborales, pero sin embargo no tiene total autonomía y gasto de este. El cierre de brechas entre hombres y mujeres se daría en unos 120 años o más si hoy no eliminamos problemas como la economía del cuidado”. Por su parte, Olga Lucía Velásquez destacó que el acceso al campo laboral machista, los trabajos informales, los horarios extensos, la injusta remuneración y por supuesto el acoso laboral, son algunos de los obstáculos que hoy justifican porque la tasa de desempleo femenina es el doble que la masculina.
Por su parte, Alejandra Coll expuso que sería importante aplicar incentivos a empresas que empleen mujeres víctimas de la violencia, no solo del conflicto armado sino todo tipo de violencia. Otra propuesta surgió de Sonia Tellez que se refirió a la economía del cuidado (tiempo que dedican hombres y mujeres al hogar) donde se debe hacer una revisión de la normativa y plantear mejores políticas públicas frente al tema.
Para cerrar el foro, la senadora Claudia López concluyó que no se ha logrado que se reduzcan las cifras de violencia contra la mujer, al contrario, se han incrementado los casos de violencia en todas sus expresiones y adicional a ello, quedó demostrado que los casos no sólo están creciendo en número, sino en intensidad. “En este foro hemos logrado dos compromisos de Medicina Legal, el Ministerio de salud y la Fiscalía General de la nación: crear un sistema unificado de información y hacer brigadas móviles rurales, porque la mayoría de las víctimas están en zonas rurales y aisladas. Como mensaje para las mujeres: si son violentadas vayan al centro de salud dentro de las 72 horas siguientes, es la prueba más importante para la sanción al agresor”, puntualizó la Senadora citante.