Con el fin de contribuir a la inclusión laboral, formación, reducción de la pobreza y la desigualdad se hizo el lanzamiento de la Política Pública de vendedores informales.

El Gobierno resaltó el trabajo de los vendedores informales en el país y aseguró que con esta política pública ningún alcalde, ni ningún gobernador podrá evadir sus responsabilidades, en la medida en que se reconoce que los vendedores informales “no son un problema de espacio público, sino que son una garantía de legalidad, de desarrollo y de mantener la economía de Colombia”.

Con esta decisión adoptada por el Gobierno Nacional, “hoy se dan las herramientas para reconocer una población” clave para el desarrollo económico del país.

Explican, además, que se creó, dentro del Banco de Proyectos, el fondo con el ICETEX para otorgar crédito condonable a las poblaciones más vulnerables del país y, dentro de esa iniciativa, son $2.500 millones para los hijos de vendedores informales.

Según se dijo, los principales objetivos de esta política pública son disminuir vulnerabilidad económica de los trabajadores informales en el espacio público y reducir la pérdida de capital social y económico por hechos de conflictividad.

Buen uso del espacio público

El objetivo es orientar las acciones del Estado a mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos y lograr la inclusión de la población informal, de la mano del buen uso del espacio público en las principales ciudades del país. “Tenemos que visualizar a los vendedores informales como una población que tiene un potencial enorme de convertirse en empresarios formales, con escala, rentabilidad y que cuenten con todos los servicios del Estado”. 
Así mismo, fue presentado un balance satisfactorio del Laboratorio Social de Inclusión Productiva y que ha atendido a 355.027 personas en 11 ciudades del país, y con la creación de cerca de 50 cooperativas.
De igual manera, insistió en la importancia de que esta población sea consciente del uso responsable del espacio público. “Tenemos todo el Gobierno Nacional volcado a una realidad: verlos aportando al crecimiento, generación de empleos y a un espacio ordenado, limpio y seguro en todas las ciudades del país. Porque no es cierto que haya que escoger entre vendedores informales y espacio público, al contrario, la apuesta es por los dos, para que quepan los dos y se complementen. ¡Nuestra prioridad son los emprendedores de a pie y unas ciudades limpias!”.


Abecé de la Política Pública de Vendedores Informales
La Política Pública de Vendedores Informales tiene como objetivo superior contribuir a la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad, relacionados con el fenómeno de las ventas informales en el espacio público.
Para ello, se desarrollarán tres ejes y/o estrategias: 1. Reducir la informalidad laboral en la población dedicada a las ventas informales en espacio público. 2. Disminuir la incidencia de conflictividad por el uso y la convivencia en el espacio público. 3. Aumentar el impacto de programas dirigidos a los vendedores informales.
Sumado a lo anterior, la política pública cuenta con cuatro enfoques orientadores:
-Derechos Humanos: Hace énfasis a la igualdad, equidad y la garantía de los derechos de la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.
-Poblacional diferencial: Comprendiendo elementos de género, discapacidad, minorías étnicas y otras situaciones o condiciones especiales de protección.
-Ciclo vital: Reconoce las diferencias por grupos de edad como: primera infancia (desde la gestación hasta los 6 años), niñez (desde los 6 hasta los 12), adolescencia (desde los 12 hasta los 18 años), juventud (desde los 19 hasta los 25), adultez (desde los 26 hasta los 65 en adelante).
-Territorial: se enfoca en la problemática de los vendedores informales en Colombia, en algunos territorios, lo cual tiene características propias definidas por su contexto político, normativo, económico y social.


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