«Falsear la historia y decorarla con los ribetes de inmerecida gloria, nos condena a continuar lidiando con los White, los Sircard, los Nule y los Altamirano».

Por Marcos Fabián Herrera
Una ligera revisión a la vida de quienes han detentado algún tipo de poder en Colombia, nos confirma que la ambición siempre ha mancillado el desempeño en las actividades públicas. Las tareas que deben comprometer las virtudes y habilidades más cultivadas, le han sido confiadas, por nocivos designios palaciegos, a quienes han demostrado ser curtidos en los procederes de la indecencia.
Como malsana herencia hispánica que empoderó en las colonias a virreyes de una ambición pantagruélica y sin empacho para desvanecer las fronteras entre lo público y lo privado, esta tierra siempre ha sido fértil para que crezcan hierbas perniciosas.
Los desórdenes administrativos en la ejecución de las construcciones, y la configuración de carteles agenciados por contratistas con un gran poder corruptor, son rastreables desde los albores de nuestra gris historia republicana. La incapacidad del estado para evitar el influjo de voraces malandros disfrazados de pulcros constructores es un baldón que ninguna norma ha podido borrar. Edificaciones inconclusas, puentes caídos, cimientos defectuosos, materiales sustitutos, maquetas que jamás se materializaron y la terca evasión de las responsabilidades, hacen parte del largo prontuario de infamia en la realización de las obras civiles contratadas por el estado.
Un ejemplo, entre los muchos que nos ofrecen los archivos, es la tragicómica tentativa de organizar la explotación minera en las regiones. El 18 de enero de 1886, en el departamento del Tolima, una tierra de clima ardoroso y proclive al festejo y la beodez, se creó, mediante el decreto 268, la comisión minera, científica y práctica. En razón a la ley nacional número 15 , que asignaba recursos para las iniciativas que se propusieran explotar las riquezas del subsuelo, el secretario de hacienda de la época, quiso llevar prosperidad y trabajo a una provincia asolada por la impiedad del sol y la torturante miseria.
Liderada por un funcionario parlanchín y de finas formas, la junta de fomento minero recibió de don Salvador Camacho Roldán, el brío necesario para una empresa de esa naturaleza. Este liberal radical que se graduó con honores en la universidad del Rosario, fue comisionado por el gobierno departamental para la firma del contrato que se encargaría de explorar con precisión las zonas metalíferas del territorio del Tolima.
La agudeza y las destrezas adquiridas por don Salvador en la dirección de rentas y contribuciones en la cartera de hacienda nacional en el año 1850, no le permitieron advertir el embuste que se avecinaba. Con facultades plenas para la disposición de recursos, la junta de fomento contrató al ingeniero civil y de minas Roberto B. White. Ostentando en sus conversaciones diarias una experiencia y un conocimiento absoluto, este personaje que aseguraba contar con un equipo con la requerida preparación técnica, se comprometió a entregar en un periodo de un año un sesudo y documentado informe sobre los distritos mineros. El propósito era que el gobierno contara con un incontrovertible insumo estadístico y geográfico para tomar decisiones a partir de datos veraces.
El gobierno departamental requería con prontitud un plan de acción para dinamizar un sector que podía convertirse en fuente de recursos para las raquíticas rentas de la región. Como uno de los tantos timadores que saquearon la provincia, Roberto B. White, después de cobrar los honorarios y los gastos de viajes, desapareció sin entregar ningún documento, y sin que se conocieran los resultados de las pruebas químicas que aseguraba practicar en su trabajo de campo. Se esfumó para siempre sin dejar rastro para las fantasmales autoridades nacionales. Las obras que le fueron encomendadas se concluyeron un par de años después bajo la batuta de John C.F. Randolph. Al segundo, su condición de extranjero no le dio patente de corso para incumplir.
El informe entregado determinó la necesidad de construir una casa de pruebas con destino a convertirse en el centro experimental para que los propietarios de vetas sopesaran con exactitud sus minerales y pudieran darle el tratamiento indicado. El documento allegado sugirió que la conducción de la casa de pruebas estuviera a cargo de un diestro metalurgista. El 6 de abril de 1889 se contrató al ingeniero Mirtiliano Sircard, quien por sus fechorías, modus operandi y desafuero, es un ilustre antecesor de los Nule. En los encargos señalados en el documento del contrato, se le pide realizar estudios técnicos de suelos, trazar rutas cartográficas para conocer las fuentes hídricas, viajar a los Estados Unidos a comprar maquinaria e instalar el ansiado molino, que al igual que la máquina de hielo llevada por Melquiades a Macondo, provocaría el asombro y aceleraría el desarrollo de las tierras hastiadas por la violencia de las inútiles guerras civiles del siglo anterior.
Mirtiliano Sircard regresó al país en febrero de 1890 y abandonó la maquinaria en Barranquilla. La brisa marina, el salitre y el desparpajo caribeño sepultaron en el olvido las piezas industriales luego devoradas por la herrumbre. En algunas de las alicoradas veladas de Joselito Carnaval, se habrán empleado las viejas estructuras de hierro que prometieron el bienestar para el Tolima pero se enterraron como piezas de museo en la capital del Atlántico. Años después, Sircard murió millonario en la ciudad de Ibagué tras haber cobrado hasta el último peso, sin haber cumplido un ápice, y sin la mínima intención de resarcimiento. Nunca supo de procesos jurídicos. La impunidad le fue garantizada por la carencia absoluta de supervisión e interventoría.
Ahora, que los puentes se quiebran, los estadios sucumben y los fallos de los magistrados se compran, es necesario recordar esta historia de continuo saqueo. La desmemoria y la traición a los hechos son las condiciones exigidas por la absolución. Nos corresponde relatarlo para no actuar como Miguel Altamirano, el periodista que es personaje de la gran novela Historia Secreta de Costaguana de Juan Gabriel Vásquez. Este eficaz amanuense, contratado para divulgar los avances de la obra del Canal de Panamá, engañaba a sus lectores con narraciones fabuladas que hablaban de quiméricas realizaciones. Nunca testimonió con fidelidad la realidad siempre distante de sus mendaces relatos. Su prosa amañada ocultó la devastación que dejaba la fiebre amarilla y la malaria en los miles de obreros. Amparado en el poder de la prensa defraudó a quienes creían que en medio de la selva se construía una gran obra. Falsear la historia y decorarla con los ribetes de inmerecida gloria, nos condena a continuar lidiando con los White, los Sircard, los Nule y los Altamirano.