Para lograr el impacto esperado con la vacunación, es necesario un programa sostenible, que en Colombia implica, mínimo, la aplicación de 350.000 dosis diarias y de forma sostenida, para lograr la inmunidad colectiva a través de la inmunización por la vacunación.
Redacción*
Fue presentado el documento “Entre Picos y Valles. Hacia donde llevar la estrategia para el control del COVID-19 en Colombia”, en el que se plantea una serie de recomendaciones para ayudar a mejorar la implementación del Plan Nacional de Vacunación (PNV) y contener los efectos mortales del COVID-19 y sus secuelas, teniendo en cuenta la reactivación socioeconómica del país. Además, hace una reflexión sobre la estrategia para el manejo de la pandemia.
Según el documento, la pandemia de COVID-19 ha sido un detonante de afectaciones personales, sociales, políticas y económicas a escala mundial. La pandemia y los riesgos que representa para la salud de la población implicaron adoptar medidas para prevenir el contagio del virus y frenar la mortalidad. En muchos Estados hubo restricción a derechos fundamentales, inversiones inesperadas en el sistema de salud, normatividad amparada en la excepcionalidad, promoción de medidas de autocuidado, cuarentenas prolongadas y cierres de fronteras, todo lo cual generó efectos individuales, sociales y económicos como la afectación a la salud mental, el aumento de conflictos familiares, la disminución de la actividad económica y el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad.
La principal respuesta de la ciencia y de las empresas farmacéuticas fue la creación y la venta de vacunas, las cuales ofrecen un alto grado de efectividad; de hecho, varios medios mencionan la pandemia de los no vacunados, al observarse que, en algunos países, el 90 % de los enfermos que requieren asistencia médica hospitalaria son personas que no han recibido el esquema de vacunación. En este sentido, la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en la mejor alternativa promovida por los Estados para proteger la vida, disminuir gastos en atención por la enfermedad y una posibilidad para la reactivación económica y social, pero todo ello debe realizarse bajo unos estándares que respeten y protejan los derechos de las personas.
El Estado colombiano ha procurado —y lo está logrando— que el Plan Nacional de Vacunación (PNV) contra la COVID-19, propuesto en el Decreto 109 de 2021, se ejecute de forma eficiente y conforme a los principios de beneficencia, solidaridad, transparencia, progresividad, interés general, equidad y justicia; ello, junto con los derechos a la salud, a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, al consentimiento informado y al derecho a vacunarse en sí mismo, además de enfrentar los factores que frustran su celeridad, relacionados con producción, disponibilidad y distribución internacional de vacunas, entre otros.
La inmunidad colectiva es la única forma de lograr el control de una epidemia como la actual por Covid-19. Esta se adquiere a través de la inmunización; procedimiento que puede lograrse por dos vías: a través del contagio, el aumento de infectados, de enfermos graves y de muertos, lo cual a todas luces es algo indeseable, o a través de la vacunación para disminuir el contagio, el número de infectados, de enfermos graves y de muertes lo cual es, desde luego, el mejor camino.
La vacunación contra la COVID-19 es, entonces, la mejor estrategia para el control de la pandemia, al reducir la circulación viral, las hospitalizaciones, las complicaciones y la mortalidad, como lo ha demostrado el avance de la investigación científica 1-3 y la experiencia acumulada de estos meses.
Para lograr el impacto esperado con la vacunación, es necesario un programa sostenible, que en Colombia implica, mínimo, la aplicación de 350.000 dosis diarias y de forma sostenida, para lograr la inmunidad colectiva a través de la inmunización por la vacunación.
Exigibilidad de la vacuna
En el debate sobre la obligatoriedad de aplicarse la vacuna existen diferentes posiciones y se desatan grandes paradojas en torno al derecho a decidir sobre el cuerpo y, al mismo tiempo, el deber del Estado de proteger y garantizar la salud pública, sin incurrir en escenarios de discriminación.
Así como hay posiciones que consideran que obligar a las personas a vacunarse es una iniciativa contraria a los principios rectores de un Estado democrático, existen otras posiciones que consideran que el carácter obligatorio de la vacuna logra legitimarse en el caso concreto, por las mortales consecuencias que la COVID-19 ha dejado a su paso.
La jurisprudencia constitucional tiene bien establecido que no existen derechos absolutos. El derecho al consentimiento informado es un derecho constitucional, pero no es un derecho absoluto. En el caso de las vacunas contra la COVID-19, bien puede plantearse que no se trata de un derecho absoluto, pues su ejercicio entra en tensión con otros derechos de similar o mayor dimensión.
Para los casos de tensión entre derechos, como los que se dan cita en torno a la vacuna contra la COVID-19 (el derecho al consentimiento informado en tensión con el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de las otras personas y el derecho a la vida social y económica en condiciones de salubridad), se ha desarrollado la técnica de ponderación, que consiste en sopesar cuál o cuáles de los derechos en tensión tienen mayor peso específico en una situación concreta.
Prevención y manejo de la cuarta ola
Una de las grandes amenazas para el control de la pandemia de COVID-19 es la generación de variantes, que, según la revista Nature, va a ser la tendencia en 2022, con VOC, por su alta contagiosidad y su capacidad para evadir al sistema inmune, la protección de las vacunas y las medidas de control en salud pública 31,32. Esto es más complejo si se tiene en cuenta que hay países con una baja progresión en la vacunación y medidas sanitarias deficientes.
Nuevas olas de contagio, así como se han vivido en otros países 33, son un escenario posible para Colombia. Por ejemplo, la variante delta, que fue formalmente reportada el 24 de junio de 2021 en Colombia, pero que, según autoridades de salud, ya estaba desde antes en el país, puede agilizar el crecimiento de nuevos casos. Esta variante requiere mayor porcentaje de vacunados para alcanzar la tan anhelada inmunidad colectiva, debido a su mayor R (tasa de reproducción).
La variante delta tarda más o menos once días en duplicarse, por lo cual es posible que en los próximos meses comience un nuevo repunte de casos que se vea de forma importante a finales de octubre de 2021.
Celebraciones tales como el Día del Amor y la Amistad, el Halloween, la Noche de las Velitas, las fiestas de Navidad y año nuevo y la fiesta de Reyes se convertirán en espacios riesgosos para los contagios. A pesar de la inmunización alcanzada hasta el momento, la cobertura en vacunación todavía no es suficiente para generar una buena protección, ya que la variante delta tiene una transmisibilidad mucho mayor que la del virus original o las otras variantes.
En Colombia, de acuerdo con el último registro de ensayos clínicos para COVID-19 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), de 35 estudios relacionados,
cinco (14 %) son de vacunas de cuatro laboratorios 58; una cantidad limitada de estudios de vacunas, si se tiene en cuenta que, según la OMS y otras entidades, hay más de 90 vacunas en fase clínica, y más de 75, en fase preclínica, en todo el mundo 59-61.
COVID 19 y la reactivación económica y social
La recesión económica disminuyó fuertemente los ingresos de los hogares con trabajadores poco calificados y más pobres de la sociedad, así como los de la clase media, que no pudieron
mantener sus ingresos laborales. Las mujeres y los jóvenes pobres fueron los más afectados por la pandemia. Los propietarios de la tierra y los rentistas del capital tuvieron un choque más moderado. Hubo también un efecto diferencial en la actividad económica, el empleo y la pobreza entre las diferentes ciudades.
Los sectores intensivos en el factor trabajo con mayor proximidad y menores posibilidades de teletrabajo fueron los más afectados (comercio, entretenimiento, restaurantes). Las microempresas y las pequeñas empresas se vieron más afectadas que las grandes.
Aunque en el segundo semestre de 2021 se dio un repunte muy grande en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) (17,6 %), parte de este crecimiento se debe a que el periodo de referencia es el segundo trimestre de 2020, cuyo nivel de actividad económica fue particularmente bajo. Si se toma en cuenta el crecimiento promedio de todos los trimestres, desde el inicio de la pandemia hasta el primer trimestre del presente año, Colombia era uno de los países con niveles más bajos de crecimiento económico promedio en América Latina.
Esta situación ha venido cambiando desde el segundo trimestre del año, debido a un rápido crecimiento económico que, en caso de continuar como viene, sería igual al 6,5 % —o incluso, lo superaría— a final del año, según el Banco de la República, la OCDE y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).
La posibilidad de un nuevo pico de muertos y contagiados durante el segundo semestre del presente año genera una gran incertidumbre sobre las decisiones de inversión de las empresas y de los hogares. Si no se toman medidas rápidas y eficaces, es probable que el país vuelva a verse confrontado al dilema entre salvar vidas o incrementar la pobreza y frenar la recuperación económica. La complementariedad entre salud y economía, en el contexto de pandemia, tiene varias implicaciones en términos de las prioridades en el manejo de las políticas de recuperación económica.
Reflexiones finales
Sin duda, la pandemia de COVID-19 pone en juego dos fuerzas opuestas, que pueden implicar la existencia de correlaciones, ya sea positivas o negativas, entre los costos económicos de la pandemia y el número de muertos ocasionados por ella. Como resultado de estas fuerzas, los países se pueden clasificar en cuatro grupos diferentes. El primer grupo es el de los que tuvieron altas tasas de muertes por persona y pérdidas considerables en el PIB, como Colombia, Bélgica, México, Italia, Francia, el Reino Unido y España. El segundo grupo sería el de los que tuvieron bajas tasas de mortalidad y caídas moderadas en el PIB, como Taiwán, Corea del Sur, Rusia, Noruega, Japón, China, Polonia, Dinamarca, Alemania y Singapur. En el tercer grupo, los países con bajos niveles de mortalidad y fuertes caídas en el PIB, como Filipinas, India, Eslovenia, Eslovaquia y Grecia. Finalmente, habría un cuarto grupo de países, en los que hubo niveles altos de mortalidad y caídas más moderadas en el PIB, tales como Suecia, Chile, Estados Unidos y México 81.
En los grupos 3 y 4 de países, predominó el arbitraje entre muertes por COVID-19 y medidas de restricción a la movilidad. En los grupos 1 y 2, la buena suerte, las condiciones económicas y sociales antes de la pandemia, la eficiencia en la combinación de políticas, el manejo del sector salud y la coordinación entre los actores sociales y gubernamentales jugaron un papel decisivo.
El caso de Colombia es particularmente complicado, porque el país se encuentra en el grupo 1, con un nivel muy elevado de muertos per cápita y una caída importante en el PIB y el empleo. Como ya se mencionó, esto podría explicarse por la mala suerte (tipo de variedades de COVID-19, condiciones genéticas de la población, países vecinos con altos niveles de contagio…). También podría deberse a condiciones socioeconómicas adversas, tales como la informalidad laboral, empresarial y urbana, la desigualdad social, la polarización política, la existencia de una deuda pública y externa creciente, el hacinamiento urbano, etc.
Pero los altos costos de la pandemia en términos de vidas y actividad económica también pueden deberse a un inadecuado manejo de los tiempos en que se implementaron las restricciones de movilidad y a una combinación inadecuada de las políticas que complementan dichas restricciones. En efecto, Colombia tuvo durante muchos meses tasas de restricción a la movilidad muy superiores a las del promedio mundial y el promedio latinoamericano; incluso, durante periodos en los que la tasa de mortalidad y contagios era relativamente baja (primer semestre de 2020). No hubo una adecuada coordinación entre las políticas de restricción a la movilidad entre las autoridades nacionales y locales, y en muchas ocasiones se presentaron confrontaciones entre el Gobierno central, los gobernadores y los alcaldes; además, los costos sociales de las medidas de restricción a la actividad económica hicieron que finalmente se tuviera que abrir la economía, e hicieron muy difícil volver a aplicar medidas de restricción a la movilidad en los momentos de mayor mortalidad y mayor uso de la capacidad hospitalaria, a mediados de 2021.
Las cuarentenas se vieron complementadas con políticas de apoyo a los hogares más pobres y a las empresas, en forma de transferencias de ingresos, apoyo al crédito, alivio de la deuda, reducciones en la tasa de interés, postergación y reducción a los pagos de impuestos de algunos sectores, etc. El valor de los recursos gastados por el Gobierno nacional en apoyo de la actividad productiva no fue bajo, en comparación con los de países con niveles de desarrollo similares a los de Colombia, pero tampoco fue de los más altos.
Aunque todas estas medidas de apoyo a los hogares y las empresas eran necesarias para hacer viable la cuarentena, las ayudas a los sectores más pobres y a la mediana y pequeña empresas no fueron lo suficientemente importantes para mitigar los costos sociales de las restricciones a la movilidad. Los choques en el ingreso y en el empleo fueron muy asimétricos entre los diferentes grupos sociales y sectores económicos, y en algunos casos tuvieron consecuencias dramáticas sobre una parte considerable de la sociedad.
*Este análisis fue desarrollado por las Facultades de Economía y Jurisprudencia y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, y se socializó en el marco del foro Peligros de bajar la guardia frente al Covid-19, que organizó la Centro de Diálogo de la Universidad del Rosario.
