Por: Alba Miledy Romero Nieto
El departamento de Huila ocupa una posición geográfica que le da un valor estratégico y privilegiado dentro del territorio colombiano. Limita con Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Meta y Tolima, convirtiéndose en un punto de conexión entre el suroccidente del país, la Amazonía, la Orinoquía y la región andina central, con salida directa hacia el centro político y económico de Colombia: Bogotá.
Además, el departamento es atravesado por corredores viales que conectan occidente con oriente, integrando el Pacífico con la región andina y la Orinoquía. La Troncal del Magdalena que conecta a Neiva con el sur del país y los accesos hacia la Amazonía.
Tras el Acuerdo de Paz de 2016, gran parte de las estructuras insurgentes redujeron su presencia territorial. Sin embargo, en los últimos años el fenómeno mutó: la fragmentación de grupos armados dio paso a nuevas disputas por control territorial y económico.
Hoy el departamento enfrenta presiones provenientes de distintas estructuras ilegales que buscan expandir influencia proveniente de regiones vecinas: desde el Cauca, desde Caquetá y Meta y desde corredores transfronterizos hacia el oriente del país.
Pero, ¿qué lo hace atractivo para la criminalidad?
No es la producción de estupefacientes sino ser un nodo logístico y económico.
Puede ser funcional como corredor para el movimiento, ocultamiento, aseguramiento y distribución de rentas ilegales. Las economías criminales aprovechan la conectividad del territorio para facilitar el tránsito hacia otras regiones y mercados.
Entonces, la economía lícita es objeto de presión criminal.
En café
El Huila concentra cerca del 21 % de la producción nacional de café y se mantiene como el principal productor del país siendo referente de volumen y sobre todo: calidad.
Ese liderazgo, sumado a los precios internacionales registrados en los últimos ciclos cafeteros, también aumenta el atractivo económico del territorio para estructuras criminales.
Cada vez aparecen más reportes sobre presencia de comisiones financieras y esquemas de extorsión que buscan capturar parte de la renta generada por actividades legales como la caficultura.
En varios municipios del Huila, productores reportan llamadas intimidatorias, panfletos citatorios y exigencias económicas asociadas al número de cargas producidas, árboles sembrados o transporte movilizado. El problema se agrava porque el miedo reduce la denuncia y vuelve este delito rentable e invisible.
La consecuencia económica:
Menor inversión.
Menor expansión productiva.
Mayor percepción de riesgo.
Menor generación de empleo.
Y transferencia constante de recursos desde actividades legales hacia estructuras ilegales.
Extorsión y control territorial
La presión criminal no termina en el cobro.
En algunas zonas aparecen dinámicas de control sobre corredores viales y formas de co-gobernanza criminal: horarios de movilidad, citaciones, permisos informales, restricciones sociales e intentos de influencia política local mediante presión sobre campañas, candidatos y dinámicas electorales.
Deja de ser únicamente un problema de seguridad y se convierte en un problema de gobernabilidad y desarrollo.
Luego se suma el incremento de delitos asociados a disputas entre estructuras, ajustes de cuentas y fragmentación criminal.
Y existe una diferencia importante frente a años anteriores: en algunos territorios ya no existe un único actor ilegal capturando rentas. En ocasiones productores, comerciantes, transportadores y contratistas enfrentan presiones simultáneas provenientes de múltiples fuentes ilegales.
Ninguna economía regional puede crecer sostenidamente cuando parte del valor generado por el trabajo formal termina financiando actividades criminales, como obligación.
La discusión sobre competitividad, inversión, seguridad, institucionalidad y futuro económico está puesta sobre la mesa.
