La entrada en vigor de la jornada laboral máxima de 42 horas semanales, contemplada en la Ley 2101 de 2021, marca el fin de un proceso de transición de cinco años para las empresas colombianas. Aunque la medida no modifica el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores, sí obliga a las organizaciones a realizar ajustes técnicos y operativos para garantizar una correcta liquidación de la nómina, las horas extras y los recargos en los casos que sean necesarios.
El cambio impacta a un mercado laboral de 23,6 millones de personas ocupadas en Colombia, según el DANE. De ese total, cerca de 11 millones de trabajadores son asalariados, quienes estarán directamente cobijados por la reducción de la jornada ordinaria sin disminución de su remuneración. Esto significa que el mismo salario deberá distribuirse entre menos horas trabajadas, incrementando el valor de la hora ordinaria y, en consecuencia, el de las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH realizada por el DANE.
«El desafío no radica en reducir dos horas a la semana, sino en garantizar que la transición se implemente con precisión. Al mantenerse intacto el salario, se modifican variables clave en la liquidación de la nómina, lo que exige que la tecnología y los procesos respondan con absoluta confiabilidad», señala Juliana Jaramillo Valencia, vicepresidenta de Producto e Innovación de ACH Colombia.
El reto es especialmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las mipymes representan más del 99 % del tejido empresarial colombiano, por lo que millones de organizaciones han debido reorganizar turnos, revisar cargas de trabajo y ajustar sus procesos para cumplir con la nueva jornada sin afectar la productividad.
Esta realidad coincide con lo identificado durante la implementación de la ley, donde las empresas con procesos más estructurados realizaron ajustes graduales, mientras que las pymes enfrentaron mayores desafíos operativos.
Otro aspecto que continúa generando dudas entre los trabajadores es el impacto sobre los aportes a salud y pensión. Sin embargo, la reducción de la jornada no modifica estas contribuciones, ya que se calculan sobre el salario base de cotización y no sobre el número de horas trabajadas. En consecuencia, los trabajadores conservan las mismas condiciones en materia de seguridad social y prestaciones.
Más allá del cumplimiento legal, la implementación definitiva de la jornada de 42 horas representa una oportunidad para fortalecer la gestión del talento y la eficiencia operativa. La articulación entre empresas, trabajadores y plataformas tecnológicas será determinante para que esta transición se traduzca en procesos más simples, precisos y confiables.