El Tribunal Administrativo del Huila admitió la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho que busca la protección a los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de este departamento. Estos derechos están siendo sistemáticamente vulnerados.
La Fundación alertó sobre la intensificación de la violencia en el Huila, la violación sistemática de estos derechos y los graves hechos de reclutamiento de menores luego de que el gobierno decretara el cese al fuego con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc.
Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional sobre las estructuras al margen de la ley ubicadas en el Huila vulneran las obligaciones constitucionales y legales de preservar la integridad del territorio; el orden constitucional; y, asegurar elementales condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de las personas en esta zona del país.
Contexto
Cabe recordar que en el mes de julio, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) interpuso una acción popular contra la Presidencia, los Ministerios de Defensa y del Interior, y el ICBF para proteger los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el uso del espacio público y la defensa de los bienes de uso público de la población del departamento del Huila, que ha sido víctima de una violación sistemática de estos derechos colectivos. Se solicitó, también, que se le ordene al Gobierno la adopción de un plan de respuesta urgente para garantizar el control territorial en el departamento.
El Tribunal Administrativo del Huila admitió el 19 de diciembre esta demanda por el grave deterioro de la seguridad en el departamento que, como se prueba en la acción, ha sido consecuencia de la omisión del Estado del cumplimiento de sus deberes de protección.
La demanda resalta que los grupos armados organizados (EMC, Segunda Marquetalia y ELN) han incumplido los compromisos acordados con el Gobierno para iniciar las negociaciones. No queda claro si el Gobierno ha tomado medidas correctivas ni qué ha pasado con estos incumplimientos. Según lo previsto, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego debería evaluar estos compromisos cada dos meses, pero no se tiene información al respecto.
FEDe. Colombia también alertó de las graves denuncias de reclutamiento de menores de edad, campesinos e indígenas, por parte de estos grupos. Por ejemplo, el 4 de julio de 2024, la Defensoría del Pueblo, en su comunicado 675, destacó que, en zona limítrofe entre el Huila y el Cauca, menores de edad estaban en riesgo extremo de reclutamiento forzado. Este mismo órgano de control aseguró que, de enero a noviembre de 2024, iban 282 casos de niños reclutados en el país.
La Fundación realizó un recuento de hechos graves como peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de al menos trece comunidades indígenas, entre otros actos delictivos y de intimidación a la población civil. Para esto, se basó en alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en boletines expedidos por la Procuraduría General de la Nación, en informes de la Organización de las Naciones Unidas y en notas periodísticas a través de las cuales se relata la situación de orden público en el departamento.
Lo que se evidencia en la demanda es que los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial en el departamento del Huila, y constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes.
Esta acción popular no pretende cuestionar la política de paz, sino que, en medio de las negociaciones de paz y de sometimiento, se protejan los derechos de los habitantes del departamento del Huila. “Desde FEDe. Colombia buscamos evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las FARC EP, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, se siga permitiendo que estos grupos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos en contra de la colectividad y violaciones a sus derechos colectivos”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación y exgobernador (e) del Huila.
