Con la creación de una comisión que permita avanzar en una hoja de ruta para dar una respuesta integral a la crisis y afectaciones que enfrentan comunidades ribereñas y sectores productivos del departamento del Huila por la apertura simultánea de compuertas en El Quimbo y Betania, culminó un debate de control político en la Asamblea. La jornada buscó avanzar hacia la formulación de un plan de acción articulado, que incluya tanto al sector privado como a las entidades territoriales, el Gobierno Departamental y autoridades nacionales.
“Este debate es para eso, para un verdadero plan de acción… no más comunicados. La gente está cansada y tiene toda la razón ”, expresaron los diputados, quienes además propusieron escalarlo a nivel nacional mediante la creación de una mesa técnica con participación del Congreso.
En una intervención cargada de indignación y dolor, Freddy Andrade, productor afectado, denunció que más de 500 familias han perdido sus cultivos, sus sistemas productivos y su sustento de vida. “Quedamos en la nada. No hay censo claro, las instituciones han guardado silencio y eso duele más que la inundación. Si no hay respuesta, acudiremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió.
Andrade también cuestionó la ausencia de la mayoría de alcaldes de los municipios afectados. “ De nueve, solo asistió uno. ¿Dónde están los representantes de las comunidades?”, preguntó.
Se solicitarán investigaciones a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por la presunta violación de normas como la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 2017. “Aquí se atentó contra la vida y la propiedad de los ribereños. ENEL debe responder penal y administrativamente por violar protocolos de manejo de los embalses ”, afirmaron.
Desde la Asociación de Afectados por El Quimbo, recordaron que desde hace más de una década se venía advirtiendo sobre los riesgos de las represas con estudios propios que fueron desestimados. “El Consejo de Estado acaba de confirmar lo que dijimos hace 16 años: los estudios no fueron serios ni técnicamente sólidos”, denunciaron. Los daños causados por la operación de las represas equivalen al 95% de su inversión. “El Huila merece una compensación real. Vamos a movilizarnos y exigir que ENEL responda”.
Por su parte, voceros de la CAM destacó que “Se necesita una actualización urgente de los escenarios de riesgo. No bastan alertas, se requieren protocolos claros, comunicación oportuna y estudios técnicos serios que reconozcan los impactos acumulados en más de 40 años de operación ”.
Se subrayó que esta situación es una alerta roja para todo el sistema de gestión del riesgo. “Se frustraron los sueños de cientos de familias. Esto pudo haber sido una tragedia de dimensiones incalculables. Las instituciones deben responder y sancionar si es necesario”.
Durante la sesión, se escucharon denuncias directas de líderes comunitarios, así como intervenciones del alcalde de Palermo, la Oficina de Gestión del Riesgo, secretarios de planeación, diputados, y delegados de entidades como la CAM y ENEL.