Según los principios de la equidad y de la justicia, se deben buscar los impuestos a la progresividad y el aumento de la riqueza, pues son estos la más sana fuente de los gravámenes en una sociedad justa y democrática.
ANTONIO GERMAN CASTAÑEDA HERNÁNDEZ.
Especial Boletín Económico
Me parece necesario responder, primero, donde no están esos recursos que requiere el Gobierno para cumplirle a las Farc, porque se está acudiendo al expediente más fácil y que históricamente ha sido la formula traqueada en todas las reformas tributarias de los últimos tiempos, cual es el de subir los impuestos.
Pero esa alza de impuestos que se avecina está contemplando subir unos puntos al IVA, como mecanismo de punta para obtener los ingresos requeridos, sin tener en cuenta que por tratarse de un impuesto regresivo, aplicable por igual a ricos y pobres, lo que hace es afectar más a estos últimos, incluida la clase media que es a la que en últimas más afecta en su capacidad de compra, generando adicionalmente una disminución en el consumo, en contra de la misma producción nacional.
Por el contrario, se olvida el Gobierno que la plata está en ostros escenarios en donde, y de acuerdo a los principios de la equidad y de la justicia, se deben buscar como son los impuestos a la progresividad y el aumento de la riqueza, pues son estos la más sana fuente de los gravámenes en una sociedad justa y democrática.
Aunque se tilde de inconveniente, a la luz de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, mirar fijamente hacia la riqueza, reflejada en el patrimonio y en el capital, es esta una roca de la cual debe emanar el flujo de los dineros que se requieren; el impuesto a la riqueza que no está aportando plenamente lo adecuado y en donde está el producto del mayor enriquecimiento en nuestro país, en manos de ese 5% ó 10% que es beneficiario del 90% del Producto Interno Bruto, tanto del campo como de la ciudad, debe ser incluido en la próxima reforma tributaria.
Nuevos ricos en Colombia
Los aportes en sociedades con lo que han crecido económicamente una buena parte de los nuevos ricos de Colombia y que en este momento no pagan impuesto de renta, siendo ellos los propietarios de las grandes empresas industriales, comerciales y de servicios que dominan la economía del país. Entiéndase en todo caso que no nos referimos a las pequeñas empresas de gentes laboriosas que están haciendo esfuerzos por posicionarse en algunos campos en los cuales no reciben el apoyo, ni las ventajas que los grandes empresarios reciben del Estado.
O que se le diga al país, cuanto es el capital que esconden muchos colombianos en paraísos fiscales como Panamá, sobre lo cual no se han precisado cifras, inclusive de altos funcionarios del Estado, ¿por qué tenemos que seguir pagando los de abajo los daños que la clase alta le ha hecho históricamente a la patria con la injusticia social y la dominación económica que sirvió de pretexto a las Farc y a otros grupos para justificar sus actuaciones criminales?
Desde luego que otra parte de la plata para la inversión que ahora reclama el Gobierno, la tienen las mismas Farc que no quieren entregar el producto de su trasegar por los caminos del terror y del narcotráfico y sobre lo cual, están burlando el mismo Acuerdo de Paz.
Ahora, si es cierto que disminuyen las acciones violentas, entonces tenemos nuevos recursos en la reducción del presupuesto para las fuerzas militares, en donde el gasto en armamento y municiones es verdaderamente alarmante.
¿Por qué no se reduce el gasto del Congreso y de los altos funcionarios de las ramas, ejecutiva y judicial, y de los órganos de control en donde los salarios se incrementaron en forma escandalosa en el presente año?
Pero la joya de la corona la tienen los corruptos, grupo aleve y criminal que se enriquece con la plata de los débiles y que, en buena parte, están enquistados en la burocracia y en la clase política del Estado, y a quienes el Gobierno no parece interesarle, pues de una manera u otra están cerca o dentro del poder.
Se sabe que el volumen de recursos de los cuales se apropian, pasan de los 30 Billones de pesos y que su mayor fuente proviene de la contratación de obras y servicios públicos nacionales, pero puede ser mayor si hacemos este análisis en las finanzas de los departamentos y de los municipios.
Vemos un Gobierno complaciente con esta actitud, dando la impresión de que menosprecia el problema que no quiere indisponerse con quienes son parte del sostenimiento del Estado mismo.
Que se pronuncie ya el estamento estatal, respecto a estos planteamientos que no es sólo en este medio periodístico en donde se plantea, pero además que el pueblo colombiano algún día se despierte y utilice tantas formas de protestar que hoy tiene y que se valga de las redes sociales, por ejemplo para manifestarse.
*Ex secretario de Hacienda y DIAN