En Colombia cada 9 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, en honor a San Pedro Claver, quien murió en esta fecha en 1654. Este día es una evocación para proteger y promover la dignidad y el valor inherente de cada individuo, sin importar su origen étnico, nacionalidad, religión, género, orientación sexual, discapacidad u otras características personales, y recordar los desafíos que como sociedad tenemos para ser más equitativos y ecuánimes.
Durante los últimos años, Colombia ha tenido avances en el tema para garantizar y proteger los derechos humanos, pero la violación de estos sigue siendo un problema. María Teresa Palacios, directora del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, realizó un análisis sobre los derechos que más se vulneran en el país.
De acuerdo con la experta, para hablar de este tema es importante remitirse a los informes de monitoreo que realiza la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones no gubernamentales que actúan a nivel internacional como Amnistía Internacional. “Estos informes señalan la situación actual que está viviendo nuestro país. Creo que tenemos varios frentes de trabajo y varias preocupaciones”, indicó María Teresa Palacios.
Principales frentes en donde se vulneran los derechos humanos
Para la directora, estos son los principales frentes en donde más se vulneran los derechos humanos en el país. El primero de ellos, es la persecución a líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas y periodistas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, hasta principios de agosto de 2023 el registro era de 100 líderes sociales y defensores de DDHH asesinados en Colombia.
“Este tipo de actuaciones de persecución, de amenazas, de afectaciones a su vida y a su integridad personal es uno de los temas más preocupantes en el país. Es una situación que persiste, es común y es un eje transversal en todos estos informes”, agrega Palacios. Otro tema, es el desplazamiento interno de poblaciones: comunidades indígenas y afrodescendientes; y poblaciones raizales. Estas poblaciones, se siguen sintiendo perseguidas, amenazadas y otras confinadas en diferentes territorios del país.
El tercer punto está relacionado con amenazas en contra de los integrantes de los acuerdos de paz de año 2016. En estos informes, se presentan algunas líneas rojas y alertas de que estas personas siguen siendo perseguidas, dijo Palacios. Otro de los aspectos más preocupantes es el de movilidad humana, específicamente, todo lo que está relacionado con migrantes en tránsito y de ingreso al territorio colombiano, quienes, por no ser nacionales del Estado, tienen más invisibilizadas sus afectaciones a los derechos humanos.
“En los informes nos hablan que entre el año 2022 y el 2023, cerca de 5000 niños atravesaron la selva del Darién. Una situación que es compleja, ya que estas personas sufren múltiples afectaciones, no solamente porque no tienen derecho a la alimentación, a la salud, a una nacionalidad o un reconocimiento jurídico dentro del territorio, sino que incluso pueden ser víctimas de abuso, de trata de personas, de tráfico de migrantes y múltiples problemáticas”, señaló la directora del Grupo de Derechos Humanos.
Igualmente, el aumento de los casos de violencia doméstica en contra de las mujeres y los niños es preocupante. De acuerdo con un informe de la Procuraduría, en el año 2022 se registraron 47771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, cifra que en comparación con el año 2021, presentó un aumento de 7713 casos. A principios de 2023, se habían registrado 3483 casos.
Adicional a esto, también se resaltan los temas de hacinamiento carcelario y el uso abusivo de la fuerza pública en el ejercicio del derecho a la manifestación. “Mencionamos solo algunas de las vulneraciones a los derechos más recurrentes, pero también hay derechos económicos, sociales y culturales que igualmente están siendo afectados”, dijo.
“Nosotros ya veníamos con problemas profundos frente a ello, como la falta de acceso a salud, educación y vivienda; también, los efectos negativos que causó el COVID-19, lo cual generó un agudizamiento en temas de desempleo y equidad. Hay un escenario que realmente no parece ser esperanzador, pero creo que es un motivo muy importante para seguir trabajando por los derechos humanos”, concluyó María Teresa Palacios.