Colombia ha cambiado de manera significativa la forma en que el Derecho entiende a los animales. La Ley 1774 de 2016 reconoció expresamente su condición de seres sintientes y estableció principios de protección y bienestar, además de incorporar al ordenamiento sanciones frente a actos de crueldad.
Pero ese reconocimiento abrió una discusión que sigue sin una respuesta definitiva: ¿Cómo debe actuar el Derecho cuando proteger a un animal individual puede afectar a otros animales, a un ecosistema o a los seres humanos?
Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha creada para promover la protección y el bienestar de estos y en Colombia, para Andrés Gómez Rey, doctor en derecho y profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, este es uno de los principales desafíos de la evolución jurídica de la protección animal. El debate, explica, ya no consiste solamente en reconocer derechos o establecer sanciones, sino en determinar cómo deben resolverse los conflictos que aparecen entre distintas formas de vida.
“Hemos pasado de una visión en donde los animales estaban a disposición absoluta de los seres humanos, por ser entendidos como cosas, a un privilegio individual de los animales, en donde establecemos una racionalidad de derechos por ser sintientes”.
Ese cambio ha permitido avanzar en la protección jurídica, pero también ha revelado vacíos frente a fenómenos que el ordenamiento todavía no logra resolver completamente. Entre ellos están la utilización de animales en escenarios de conflicto, determinadas prácticas de tenencia y bienestar y, especialmente, las situaciones en las que la protección de una especie puede afectar a otras.
Uno de los ejemplos más complejos aparece en el manejo de especies invasoras, cuando la protección de determinados individuos puede entrar en tensión con la conservación de especies nativas y de la diversidad biológica. Para Gómez Rey, estos casos muestran que la discusión no puede reducirse a decidir qué derechos tiene un animal de manera aislada. “El impulso de protección se da sobre animales carismáticos y no sobre todos.”
No todos los animales reciben la misma atención social y jurídica.
Algunas especies despiertan mayor empatía y visibilidad pública, mientras otras quedan por fuera de las discusiones más frecuentes sobre bienestar y protección. Así entonces, las posibilidades de garantizar determinadas condiciones de bienestar también están relacionadas con los recursos y condiciones de vida de las personas que tienen animales a su cargo. Por eso, según el experto, las nuevas formas de protección deben evitar que el debate termine trasladando responsabilidades o juicios sobre quienes tienen menores capacidades económicas.
“El bienestar animal está determinado por los capitales económicos, sociales y culturales de los dueños, planteando además reproches aporafóbicos o discriminatorios desde otras variables”
El debate adquiere especial relevancia en un momento en el que Colombia está fortaleciendo su política pública sobre protección animal. La Política Nacional de Protección y Bienestar Animal 2025-2034 busca establecer lineamientos para animales silvestres, domésticos y aquellos utilizados en investigación, experimentación y educación, bajo una perspectiva integral de protección.
A esto se suma la creación, mediante el Decreto 0810 de 2025, del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), concebido como un mecanismo de articulación entre entidades públicas, autoridades territoriales, academia, organizaciones sociales y ciudadanía. El sistema parte, además, de reconocer la interdependencia entre bienestar animal, salud humana y ambiente. En este contexto, Gómez Rey plantea que Colombia tiene la oportunidad de avanzar hacia una concepción más amplia de la protección jurídica.
“El paso de la visión del privilegio individual animal al paso de una visión relacional, en donde el derecho protege las interdependencias que se construyen entre los elementos de aquello llamado naturaleza y no necesariamente al individuo de manera aislada”
Esta perspectiva resulta particularmente relevante para un país megadiverso como Colombia, donde las decisiones sobre fauna no ocurren de manera aislada, sino dentro de ecosistemas en los que interactúan múltiples especies. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, reportó entre 2023 y 2025 más de 2.600 aves y 1.500 mamíferos registrados en operaciones relacionadas con tráfico ilegal de fauna, una problemática que evidencia cómo las decisiones humanas afectan simultáneamente a individuos, poblaciones y ecosistemas.
¿Por qué el Día Mundial de los Animales?
El 4 de octubre es la fecha creada para promover la protección y el bienestar de los animales. Su origen se remonta a 1925, cuando el periodista y activista alemán Heinrich Zimmermann organizó en Berlín la primera celebración. En 1931, durante un congreso internacional de organizaciones de protección animal realizado en Florencia, se aprobó que el 4 de octubre fuera reconocido universalmente como Día Mundial de los Animales. La fecha coincide además con la festividad de San Francisco de Asís, tradicionalmente asociado con la relación entre los seres humanos, los animales y la naturaleza.
Casi un siglo después de aquella primera celebración, la discusión ha cambiado: el reto ya no es solamente generar conciencia sobre el maltrato, sino preguntarse cómo construir reglas capaces de proteger a las distintas formas de vida sin crear nuevos conflictos entre ellas.
Para Gómez Rey, esa discusión exige abandonar respuestas únicas frente a un problema complejo: “A veces los cosificadores emiten respuestas de paz entre humanos y no humanos. A veces lo hacen quienes abogan por el privilegio individual y a veces los que abogan por una visión relacional que aún es insípida en el país.”
Así, el Día Mundial de los Animales abre una discusión que va más allá de la relación entre humanos y mascotas: el verdadero desafío jurídico puede estar en aprender a proteger la vida sin analizar cada especie de manera aislada.
