La Secretaría General de la Gobernación del Huila coordinó una capacitación a organizaciones públicas y privadas que cumplen funciones de manejo de documentos en todos los municipios.
La Gobernación del Huila a través de la Secretaría General y la Oficina de Archivo del Departamento, en aras de fortalecer los procesos archivísticos y la gestión documental, convocó a una capacitación dirigida a los 37 municipios del Huila, entre otras entidades públicas y privadas, que cumplen funciones públicas.
En la jornada, se trataron temas como los instrumentos archivísticos y las tablas de retención documental, entre otros, con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad cuidar, preservar y saber administrar el patrimonio documental.
El evento, que estuvo presidido por el Secretario General del Gobierno Departamental, Francisco Javier Ruiz, se llevó a cabo en el Salón de Gobernadores de la Gobernación del Huila.
La actividad pedagógica hizo énfasis en la obligatoriedad de aplicar la Ley 594 de 2000, o ‘Ley General de Archivos’, en la que se plantean programas de gestión documental, plan institucional de archivos y procesos técnicos que ayudan a fortalecer la organización de documentos y archivos que son de acceso público.
Durante la capacitación, dirigida por Mario Fernando Cuéllar, orientador experto en archivística y gestión documental, se dejó claro que las organizaciones públicas o privadas que no cumplan esta normatividad, les acarrea sanciones económicas por 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el tiempo que persista el incumplimiento.
Dentro de los análisis realizados durante la conferencia, se estableció que algunos municipios del Huila ya han dado pasos para el cumplimiento de esta normatividad que regula la gestión documental, para lo cual, la Gobernación del Huila hará un exhaustivo seguimiento de la mano de un instrumento de la Procuraduría General de la Nación que se llama Índice de Gobierno Abierto, IGA.
Ley 594 de 2000
Esta norma fue emitida con el propósito de establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado, teniendo como ámbito de aplicación a la administración pública en sus diferentes niveles.
Aplica a las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por dicha Ley. Desde el momento de la emisión de la Ley, se ha hecho un esfuerzo grande por lograr que las entidades cumplan con las responsabilidades y tareas que les han sido otorgadas.