El departamento del Huila vuelve a sufrir intensamente por la violencia, denuncia la Fundación para el Estado de Derecho, que alerta sobre la desprotección de los derechos humanos y libertades de los habitantes del departamento. Agrega que el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el desplazamiento forzado y el hostigamiento a la ciudadanía crecen a diario, especialmente en los municipios de Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol.
«En los últimos dos años, estos municipios han visto su tranquilidad vulnerada debido al recrudecimiento y aumento de este flagelo en el territorio. Esto ocurre después de que el Gobierno decretara el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional (CFBTN) con grupos al margen de la ley, como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC EP», afirma, en un comunicado, la Fundación para el Estado de Derecho.
En el último año, y constantemente, se registran en los medios de comunicación y por medio del trabajo de los entes de control nuevos y más graves episodios de vulneración y amenaza a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos de los habitantes del departamento del Huila.
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) interpuso una acción popular, un mecanismo para proteger los derechos e intereses colectivos. En este caso, la acción busca salvaguardar los derechos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el uso del espacio público y la defensa de los bienes de uso público de la población de este departamento, quienes han sido víctimas de una violación sistemática de algunos de sus derechos fundamentales.
Las autoridades locales y entes de control han alertado que, en el periodo de cese al fuego con estos grupos ilegales, se ha incrementado el despliegue armado y la expansión del control territorial en el departamento del Huila. Esto se ha intensificado por la “ausencia o presencia diferenciada del Estado, orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, en especial niños, niñas y adolescentes”, como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana No. 15 de 2024.
Para FEDe.Colombia, «las medidas del Gobierno respecto a los grupos al margen de la ley en este departamento han incumplido con las obligaciones constitucionales y legales de preservar la integridad del territorio, mantener el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de las personas. Esto ha permitido que los grupos armados expandan su control territorial, atemoricen, secuestren y asesinen a la población civil, incluyendo a indígenas y comunidades, y hostiguen a la Fuerza Pública, entre otras actividades criminales. Así, las omisiones del Gobierno han permitido que el Estado Mayor Central EMC de las FARC EP, la Segunda Marquetalia, y el Ejército de Liberación Nacional incrementen su presencia y sus acciones bélicas en el departamento».
Como puede constatarse, agrega la OMNG, «el Gobierno está omitiendo el cumplimiento de su obligación constitucional y legal de garantizar los derechos e intereses colectivos al omitir la preservación del control del Estado sobre todo el territorio nacional».
En atención a lo anterior, la Fundación para el Estado de Derecho solicitó al Tribunal Administrativo del Huila declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, al goce del espacio público, y a la utilización y defensa de los bienes públicos en el departamento del Huila. Se solicitó, también, que se le ordene al Gobierno la adopción de un plan de respuesta urgente para garantizar el control territorial en el departamento del Huila, mediante la captura, judicialización, desmantelamiento y desarticulación de los grupos armados ilegales que ejercen violencia.