Sólo un pequeño porcentaje de las víctimas acceden a los servicios de salud buscando atención médica específica por causa de la violencia sexual.

Redacción
Se estima que en lo corrido del año 2018, 239 personas han sido víctimas de violencias sexuales, esto muestra sólo una parte de la altísima vulneración a los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que son víctimas cotidianas de las violencias sexuales en el marco de relaciones familiares, sociales, comerciales, de delincuencia común y en el marco del conflicto armado.
La atención integral a una víctima de violencia sexual necesita de trabajo sectorial e intersectorial estructurado, en el que los sectores de salud, protección y justicia tienen competencias complementarias.
Actuando de una manera articulada y no victimizante se busca garantizar desde el sector salud, que la persona víctima de violencia sexual reciba una atención de calidad, que le ayude a restaurar su autonomía y dignidad y que le ayude en su recuperación física y emocional; y desde los otros sectores a que cuente con las garantías de protección y no repetición del hecho violento y de acceso a la justicia, para que el delito no quede impune.
“Lo que buscamos con esta ruta es el restablecimiento en el derecho de salud, protección y justicia. Somos varias instituciones las que estamos trabajando para que las personas víctimas no se sientan solas durante el proceso”, indicó Marly Mercedes Murcia Castro, profesional de Apoyo Violencias Basadas en Género.
Por ello, se desarrolló una capacitación donde participaron 120 profesionales de la salud que pertenecen a las Empresas Sociales del Estado, ESES, Empresas Administradoras de Planes de Beneficio EAPB e IPS, que operan en el municipio de Neiva, frente al Protocolo de Atención para Víctimas de Violencias Sexuales y de Género, en el marco de la Resolución 459 de 2012.